El presidente del Sindicato de Enfermería, SATSE, Manuel Cascos, se ha dirigido por carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que impulse el proceso de traspaso de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a los gobiernos autonómicos, ya que lleva cerca de 14 años “en la vía muerta” sin que ningún gobierno dé solución a los problemas a los que se enfrentan los profesionales sanitarios y las personas privadas de libertad.

En la carta remitida al titular de Interior, Cascos le recuerda que su partido demandó en distintas ocasiones al Ejecutivo del ex presidente Mariano Rajoy que hiciese efectivo el mandato contenido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y que debería haberse llevado a cabo el 1 de diciembre de 2004.

“En los últimos 14 años hemos oído numerosas declaraciones de buenas intenciones en el Congreso, en el Senado, en los medios de comunicación…, pero, gobierno tras gobierno, sea del signo político que sea, el traspaso sique enquistado y no se da una solución a las cerca de 60.000 personas que se encuentran en las cárceles españolas”.

El Sindicato de Enfermería considera que el actual Gobierno, tras la Proposición no de Ley presentada por su partido en febrero, en el Congreso, reclamando el traspaso, no tiene excusa alguna para impulsar las negociaciones necesarias de cara a acordar con los diferentes ejecutivos autonómicos las condiciones del traspaso, así como la financiación necesaria en cada uno de los casos.

Desde SATSE se recuerda que, en la actualidad, coexisten dos sistemas sanitarios públicos que están desarrollando sus funciones de forma paralela, duplicando, en ocasiones, recursos, y que no mantienen unos canales de comunicación y coordinación adecuados. Por ello, las personas privadas de libertad no disfrutan de una asistencia sanitaria en condiciones homologables a la que reciben el resto de ciudadanos.

En este sentido, la organización sindical alude, a modo de ejemplo, al hecho de que no se comparte la historia clínica con el resto de la sanidad pública, por lo que los profesionales de los centros penitenciarios desconocen las patologías del preso al ingresar y a los de los servicios de salud les ocurre lo mismo cuando éste deja la cárcel, con los déficits y riesgos que ello conlleva para los pacientes.

Por su parte, los profesionales sanitarios que trabajan en las cárceles de nuestro país, entre ellos, cientos de enfermeras y enfermeros, no tienen las mismas condiciones laborales que sus compañeros y compañeros dependientes de los servicios autonómicos de salud. Por ello, SATSE defiende que, una vez sea transferido el personal a las comunidades autónomas, éste se convierta en personal estatutario del servicio de salud correspondiente, con la consiguiente equiparación salarial y laboral.

Salvo en las comunidades autónomas de Euskadi y Cataluña, las enfermeras y enfermeros, así como el resto de profesionales sanitarios, que trabajan en los centros penitenciarios españoles, siguen dependiendo del Gobierno estatal, concretamente del Ministerio del Interior.