El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado en sesión ordinaria los criterios del Plan Plurianual de Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos Rurales 2018-2019, que contará con un presupuesto de 2.500.000 euros, y un programa de subvenciones para la implantación de tecnología para el uso sostenible del agua de pozos de titularidad pública en 2018, dotado con 75.000 euros.

El portavoz del grupo provincial de Izquierda Unida, Francisco Ángel Sánchez, ha explicado con relación al Plan de Caminos que “son 2,5 millones, de los cuales 2,1 los aporta Diputación -1.050.000 euros en cada una de las dos anualidades- dirigido a todos los ayuntamientos excepto los de más de 50.000 habitantes; y también se incluyen las ELAs”.

En cuanto a los criterios de reparto, el también delegado de Caminos ha explicado que “se establecen cuatro criterios; uno fijo del 40%, uno poblacional del 20% en proporción inversa al número de habitantes, otro criterio más específico del 20% teniendo en cuenta la relación entre la superficie y el número de explotaciones del término municipal y un nuevo criterio del 20%, en base a la superficie del municipio en hectáreas”.

En lo que respecta a las ELAs, se establecen tres criterios relativos a la población, a la relación entre la superficie y la longitud de los caminos y a la longitud media del camino.

Sánchez ha recordado que los municipios tienen que realizar una aportación obligatoria que oscilará dependiendo de su población. Así, ha señalado que los que tienen hasta 2.000 habitantes abonarán el 10% del presupuesto aportado por la Diputación, los que tienen más de 2.000 y menos de 5.000 el 20%, los que tienen hasta 10.000 habitantes aportan el 30%, los que tienen hasta 20.000 habitantes el 35% del presupuesto y, finalmente, los que tienen más de 20.000 habitantes aportan el 40%. En cuanto a las entidades locales autónomas, éstas realizarán una contribución del 10% del presupuesto.

Por su parte, la portavoz provincial socialista Ana Carrillo ha señalado como novedades del programa su carácter bienal, que responde a “las necesidades y cuestiones que nos han planteado los alcaldes y alcaldesas”, y el establecimiento de unos criterios de reparto para municipios y para entidades locales autónomas.

La también delegada de Desarrollo Económico ha abundado en la importancia de realizar mejoras en los caminos rurales “para poder acceder a nuestras explotaciones agrarias, fundamentales en la provincia de Córdoba por ser la agricultura un sector estratégico y principal para el desarrollo económico y social”.

Para la ejecución de las obras en caminos, las entidades locales podrán optar por tres modalidades: solicitar a la Diputación la licitación, adjudicación y ejecución de la actuación; asumir todas las fases solicitando a la Diputación la subvención para su financiación; y ejecutar la actuación por el sistema de administración, solicitando a la institución provincial la subvención. En estos dos últimos casos, “la institución provincial adelantará el dinero para que los ayuntamientos tengan esa solvencia económica para poder llevar a cabo las inversiones”, ha señalado Carrillo.

Tecnología para pozos públicos

Por otro lado, se ha aprobado el Programa Provincial para la Implantación de Tecnología en Pozos de Titularidad Pública Municipal 2018 con un presupuesto de 75.000 euros, “siendo la cantidad máxima que recibirá cada ayuntamiento de 9.375 euros”.

Así lo ha explicado la portavoz socialista, quien ha destacado que “pretendemos favorecer un uso sostenible y eficiente del agua de los pozos artesanales que tenemos en los municipios, algo importante para las explotaciones ganaderas”.

Por último, el Pleno ha acordado por unanimidad la convocatoria urgente de la Mesa de Trabajo por la reconversión de la N-432 en autovía A-81 con la finalidad de valorar la incidencia del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 en el desdoblamiento y la conversión en autovía de la N-432.

Se ha acordado también que dicha Mesa recabe los informes pertinentes sobre la evolución previsible del volumen de tráfico por esta vía, el coste económico de la obra y su impacto ambiental. Finalmente, se dará traslado a cada uno de los ayuntamientos de los municipios por los que transcurre esta vía, a las diputaciones de Badajoz, Jaén y Granada y a los representantes económicos y sociales que forman parte de la Mesa.