El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que marcará las directrices de un sector que supone el 8% del Producto Interior Bruto (PIB), el 10% del empleo de la comunidad y más de la tercera parte del total de sus exportaciones. El empleo de calidad, la mejora de la competitividad, el equilibrio en la cadena agroalimentaria, la contribución a mitigar los efectos del cambio climático y la innovación y el desarrollo de las zonas rurales constituyen algunos de sus principales objetivos.

El texto, que será enviado al Parlamento de Andalucía para su tramitación definitiva, incorpora medidas pioneras en España en aspectos como el reforzamiento de la posición de los profesionales, la protección del suelo agrario, el aprovechamiento de los excedentes alimentarios, los mecanismos para conseguir precios más justos, la agilización de la respuesta a las crisis de sanidad vegetal o animal y la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones y a la actividad agroindustrial.

En el último de estos aspectos, la ley reconocerá a ambos colectivos como grupos preferentes en concesión de ayudas, actividades de formación y acceso a las tierras públicas. También incluirá medidas para facilitar a las mujeres la participación e interlocución en cuadros técnicos y directivos, explotaciones, empresas, grupos de desarrollo rural, consejos reguladores y organizaciones interprofesionales y de productores.

En relación con el mantenimiento del suelo agrario y de la vigilancia y control de su infrautilización y degradación, el proyecto prevé la declaración de Zona de Protección Agraria, una figura de ordenación del territorio orientada a la preservación de aquellos espacios donde la actividad tiene una gran relevancia ambiental o social, como es el caso de la Vega de Granada. El objetivo es proteger el patrimonio agrario frente a otros usos, principalmente la presión urbanística, garantizando su destino a una agricultura competitiva.

En la misma línea se regula la figura de los planes de Ordenación de Explotaciones, para obras que se desarrollen conjuntamente en varias fincas, tanto para la mejora de infraestructuras físicas como en el aprovechamiento de recursos. En el caso de proyectos públicos de especial relevancia, se prevé la declaración de actuaciones agrarias de interés autonómico. Entre otras ventajas, esta consideración implicará que no estarán sometidos a licencia urbanística ni a otros actos de control preventivo de las administraciones locales.