El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha criticado con dureza los efectos que ha tenido la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno central, al que ha culpado de provocar con esta normativa la destrucción de 230.000 empleos en Andalucía en sus dos primeros años y un aumento de la temporalidad de 3,5 puntos que aún persiste en el mercado de trabajo andaluz.

Durante una respuesta parlamentaria, el consejero ha censurado una reforma laboral que ha calificado de «injusta, ineficaz e insostenible», y que fue impuesta por el Gobierno central «sin diálogo ni consenso con otras formaciones políticas o con agentes económicos y sociales». Para Javier Carnero, sus efectos han permitido que en mercado laboral se asiente «una brutal desregulación, inestabilidad y precariedad», además de un «preocupante empobrecimiento de la clase trabajadora».

Según el consejero andaluz de Empleo, los años que han pasado desde su aplicación han demostrado que el «principal motor» de la reforma fue «facilitar el despido y su coste», lo que ha tenido el efecto directo de la destrucción de miles de empleos indefinidos, y que hoy sólo nueve de cada cien contratos que se firman sean de carácter estable.

Discriminación a la mujer trabajadora

Junto a estos efectos, Javier Carnero también ha situado a la reforma laboral como la principal causante de que se haya «agravado y cronificado» la discriminación laboral que sufren las mujeres en el mercado laboral: «siguen padeciendo una menor tasa de actividad, más trabajo a tiempo parcial, mayor temporalidad, de hasta un 70%, y hasta 6.000 euros menos de salario por realizar el mismo trabajo que un hombre».

Igualmente, Javier Carnero ha lamentado que, tras la reforma, tanto Andalucía como España en su conjunto hayan sufrido un «empobrecimiento laboral que ha crecido en cinco puntos, mientras los beneficios empresariales se han triplicado», y que la precarización del empleo haya traído aparejada un aumento de la siniestralidad laboral.

Por último, el consejero de Empleo ha asegurado que el Gobierno andaluz seguirá reclamando la derogación de la reforma y su sustitución por un marco normativo «más justo, basado en la estabilidad y la calidad en el empleo», que además garantice la igualdad de salarios entre hombres y mujeres.