Andalucía y otras ocho comunidades autónomas -Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra- han denunciado que la actual propuesta del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social en la que se reformulan varios programas destinados a parados de larga duración (Prepara, Programa de Activación de empleo, PAE, y la Renta Activa de Inserción, RAI) provocará que decenas de miles de personas vean peligrar la percepción de su prestación.

Por ello, han presentado una propuesta para modificar el sistema de prestaciones por desempleo, que integre los programas destinados a parados de larga duración (Prepara, PAE y RAI) en el sistema de prestaciones por desempleo de la Seguridad Social, garantizando, con su nueva formulación, que estas ayudas queden en la estructura del sistema de prestaciones.

Las comunidades citadas consideran que, con la actual propuesta del Ministerio, un alto porcentaje de los beneficiarios de estos tres programas, que ascendían a más de 232.000 personas en febrero de 2018, corre el riesgo de dejar de percibir una ayuda, un riesgo que es especialmente alto entre los perceptores de la RAI, que superaban en febrero los 178.000 beneficiarios.

Según las nueve comunidades, la propuesta del Ministerio pone en grave riesgo a buena parte de los perceptores de estos programas, por pasar a plantear ahora requisitos más exigentes entre los posibles beneficiarios. El coste anual de estos tres programas asciende actualmente a 1.200 millones de euros, que con los recortes propuestos por el Ministerio deberían ser financiados por las comunidades autónomas, a través de sus respectivas rendas sociales, para mantener el nivel de cobertura.

Ante este hecho, Andalucía y las otras ocho comunidades han presentado un texto alternativo que garantizará la percepción de estas ayudas y también solicitarán la convocatoria extraordinaria de una conferencia sectorial monográfica para tratar esta cuestión, dado que este colectivo es el que mayores dificultades de inserción laboral y vulnerabilidad presenta. El planteamiento de las autonomías es hallar una solución de consenso que asegure la cobertura actual y que se amplíe en futuros ejercicios.

Además, la contrapropuesta de las nueve comunidades autónomas incluye la compatibilidad entre las prestaciones por desempleo y las rentas sociales autonómicas, de modo que estas últimas podrán complementar a las prestaciones.

Continuos recortes de derechos en prestaciones desde 2012

El nuevo intento de reducción del nivel de cobertura de las prestaciones por parte del Ministerio se da en un contexto de continuos recortes, que no han cesado desde la reforma del sistema de prestaciones aprobados por el PP en julio del 2012, y que supuso el origen de la caída del sistema de prestaciones, muy alejado ya de los niveles existentes en 2011.

El actual ciclo económico debería permitir “que empezara a mejorar la situación de los desempleados y no seguir empeorándola”, según los citados gobiernos autonómicos, por lo que hay que trabajar en un sistema “que mantenga y mejore la cobertura de las personas desempleadas”. En especial, cuando la recaudación del Estado por cotizaciones de desempleo presenta un superávit que se acerca ya a los 3.000 millones de euros.

Las nueve comunidades firmantes lamentan la total ausencia de diálogo por parte del Ministerio para resolver esta cuestión; recuerdan que en la Conferencia sectorial del 18 de septiembre de 2017 se acordó unánimemente revisar la reformulación de estos programas para mantener y mejorar el nivel de cobertura, entre representantes del Ministerio y las comunidades autónomas, dándose un plazo de siete meses para ello.

Pese a la trascendencia de estas medidas, Andalucía y las ocho comunidades denuncian la total ausencia de diálogo por parte del Ministerio, quien sólo ha convocado una vez a los consejeros de Trabajo o Empleo (el pasado 17 de abril) para debatir esta cuestión, sin hablar realmente de las propuestas que se han hecho desde el ámbito autonómico. A juicio de las citadas comunidades, esto demuestra la nula intención del Ministerio para trabajar de forma conjunta y tratar de hallar una solución consensuada.