Los consumidores y usuarios cordobeses reclaman un 20,65% menos que el año anterior. Así se extrae de la memoria del servicio de Consumo de la Junta de Andalucía de 2016. Concretamente, se han registrado 1.041 reclamaciones y 211 denuncias presentadas por consumidores y usuarios contra proveedores de bienes y/o servicios.
Por primera vez, las empresas suministradoras de electricidad tienen tantas reclamaciones como las que prestan servicios de telefonía (el 23,69% del total). En cuanto a los datos, Luna ha destacado que la evolución del número de reclamaciones en los últimos años ha sido de un descenso continúo. Partiendo del año en el que más reclamaciones hubo, en 2009, hasta ahora, el descenso ha sido del 50%.
Es decir, se ha pasado de 2.118 a 1.041 reclamaciones. La delegada ha valorado que “estos datos nos permiten extraer algunas conclusiones como que hemos vuelto al nivel de reclamaciones previo al inicio de la crisis (2007), estando sobre las 1.000, que viene a ser la media histórica de reclamaciones que tramita el Servicio de Consumo en Córdoba”.
La reducción en el número global de reclamaciones experimentada en 2016 con respecto a la media del periodo 2008-2012, que se observa en la evolución, obedece a que durante este periodo se vivieron situaciones extraordinarias como las agresivas campañas publicitarias de las operadoras de telefonía móvil, que invitaban a la portabilidad a cambio del regalo de un terminal nuevo, así como el paso de la factura del suministro eléctrico de bimensual a mensual. Estos hechos, por sí mismos, doblaron el número de reclamaciones en esos años. En la actualidad, el consumidor cambia de operadora de telefonía en función de la tarifa, obviando otro tipo de estímulos que invitaban a un continuo trasiego de clientes entre compañías.
Por sectores, las telecomunicaciones aglutinan el mayor porcentaje de reclamaciones (259), aunque este dato supone una reducción del número de reclamaciones del 33% con respecto al año anterior. El siguiente sector, con un 23,69% de las reclamaciones es el de servicios esenciales (226 en total), seguido del comercio (153), Financieras e inversiones (39), automóviles y accesorios (53) y transportes (39), entre otros. El perfil del reclamante es hombre de entre 31 y 50 años de edad, dedicado a distintos oficios o técnico superior. (60% hombres y 40% de mujeres).
La delegada territorial felicita el trabajo de los profesionales del servicio de consumo “por el esfuerzo realizado para garantizar la defensa y protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias”. Por otra parte, la delegada ha apuntado que “no debemos obviar que una reducción en el número de reclamaciones puede ser consecuencia directa de una mejora en la calidad de los servicios prestados o de los productos vendidos”.
Defensa del consumidor
En cuanto a la defensa de los consumidores, destaca por un lado la atención a consultas y la resolución de problemas. En este sentido, la delegada ha recordado el servicio Consumo Responde, al que se accede marcando el 900 21 50 80.
En cuanto a la resolución de conflictos a través de la mediación, destaca que el 39% de los intentos de mediación con las empresas ha finalizado en conciliación, gracias al trabajo del servicio de Consumo.
En cuanto a la actividad inspectora, a lo largo del 2016 se han desarrollado 3.430 actuaciones en 23 campañas de inspección desarrolladas en establecimientos de productos alimenticios (5 campañas); productos industriales (6 campañas) y Prestación de Servicios (12 campañas).
En el 17,41% de los establecimientos inspeccionados (1.097) se ha detectado irregularidades. Principalmente en establecimientos de tintorería, comercio electrónico, de alimentación, disfraces, productos industriales, talleres y también en inspecciones de declaración de cantidad neta.
Red de alerta
La delegada ha señalado que “además de la actividad que realizamos a través de las campañas, los profesionales del servicio de consumo dan respuesta a los avisos que llegan a través de la red de alerta”. La red de alerta un sistema rápido de intercambio de información entre las autoridades a nivel regional, nacional y europeo para evitar la comercialización de productos no alimenticios que puedan presentar un riesgo para la salud.
A través de esta red, los inspectores de consumo efectuaron en Córdoba un total de 24.190 comprobaciones en 2.419 visitas buscando productos que aparecen en la Red de Alerta.
Concretamente se buscaron 691 productos de puericultura (27), bisutería (37), pequeño electrodoméstico (40), fuentes de iluminación (56), coches (65), aparataje eléctrico (75), productos textiles (53) y juguetes (205).
La actividad inspectora han derivado en la apertura de 211 procedimientos por denuncias y 20 procedentes de otras Administraciones. En total se han registrado 261 procedimientos sancionadores, de los que se han resuelto 218 por un total de 211.854 euros. Asimismo, se han tramitado 56 recursos.
Formación y ayudas
En el apartado de formación y defensa de los consumidores, Luna ha destacado la realización de seminarios formativos, unas jornadas sobre el fraude en el suministro eléctrico doméstico, charlas informativas sobre uso responsable del móvil, y un encuentro interadministrativo en materia de consumo.
Asimismo, a lo largo de 2016, la Junta de Andalucía ha concedido más de 73.000 euros a potenciar las acciones en materia de protección y defensa de los consumidores.
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