El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, ha mantenido un encuentro con las 41 entidades responsables de poner en marcha en Córdoba 161 acciones formativas que beneficiarán a 2.415 desempleados. El responsable territorial ha destacado que esto supondrá una inversión de casi 7,2 millones de euros para la provincia “primándose especialidades que permitan a los beneficiarios la obtención de certificados de profesionalidad con los que puedan hacer valer su cualificación en todo el territorio de la Unión Europea”.

Carmona ha explicado que en la programación se ha tenido en cuenta las necesidades específicas de cualificación en cada territorio y las demandas de los empresarios, “con especial atención a sectores productivos estratégicos para la economía cordobesa, como el agroalimentario, la atención a la dependencia o las energías renovables, entre otros”.

Para poder participar en las acciones formativas, las personas interesadas deberán constar en alta como trabajadoras desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Tendrán prioridad en el acceso a los cursos las inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas desempleadas de larga duración, entre otras.

Para el delegado de Economía, la Formación Profesional para el Empleo, FPE, dota a los desempleados de una mejor formación y de mayores posibilidades de inserción laboral, “dentro de las políticas activas de empleo, la FPE tiene una gran importancia ya que es un instrumento estratégico para la valorización de los recursos humanos de cara a la creación de empleo contribuyendo en los jóvenes a mejorar su capacitación profesional y personal, mediante la mejora de su empleabilidad y en los parados de larga duración ofreciéndoles una recualificación profesional necesaria para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado de trabajo”.

El responsable territorial, que ha estado acompañado por el Interventor provincial, Julio Lora, el Secretario General provincial de Empleo, Empresa y Comercio, Pedro Pozo y la jefa de servicio de Formación, Emilia Pulido, ha valorado este encuentro de necesario para poner en común las dudas que puedan surgir en la gestión de los cursos y resolverlas “para que el desarrollo de los mismos se de con las máximas garantías y conforme marca la normativa”.

Esta nueva convocatoria ha sido en régimen de concurrencia competitiva y han podido optar las entidades acreditadas e inscritas en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de FPE de Andalucía que cuenten con los medios suficientes y adecuados.
Se han visto beneficiadas 41 entidades, entre ellas 8 ayuntamientos (Palma, Vva de Córdoba, Fuente la Lancha, Baena, Castro, Villafranca, Añora y Santaella) y una mancomunidad, la del Guadiato y se realizarán acciones formativas en 28 municipios de la provincia, entre ellos la capital.

Entre las especialidades destacan las acciones puestas en marcha dentro del ámbito de los servicios socioculturales y a la comunidad; Hostelería y Turismo; comercio y marketing ; administración y gestión o electricidad y electrónica entre otros.

Esta nueva convocatoria, que ha incluido entre su reglamentación la prohibición de subcontratar las acciones formativas, establece una única forma de pago, de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25% de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35% una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40% restante tras la justificación total de la subvención concedida.

La concesión y los pagos de las ayudas estarán sometidos a las máximas garantías de control a través de un procedimiento de fiscalización previa cuyo diseño ha sido validado por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

La justificación final se realizará mediante la presentación de la cuenta general de la actuación y el informe de un auditor (en el caso de las entidades locales se requerirá el certificado de los interventores de estas administraciones). Deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la programación establecida.