Asaja Córdoba ha pedido que para 2017 quede totalmente eliminado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía que aprobó a finales del pasado mes de julio el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante un Decreto-Ley, en base a un acuerdo entre el PSOE Y Cs. La organización agraria entiende que “es insuficiente pues tiene importantes sombras que deben aclararse o corregirse” y, sobre todo, que esta nueva norma “sólo es aplicable a una ínfima parte de los titulares de explotaciones agrarias andaluzas, quedando la inmensa mayoría en la misma situación que antes de esta reforma”.
“El único camino que debe recorrerse es ir a la supresión de este injusto impuesto, que esperamos que pueda conseguirse a lo largo de este año 2017 con el esfuerzo y compromiso de la administración autonómica”. Esta opinión de Asaja Córdoba queda ratificada por el prestigioso Departamento Fiscal de Garrigues, que indica que la reforma presenta sombras para los titulares de explotaciones agrarias.
Y es que la reforma sólo beneficiará a los herederos que hayan sido contratados por el fallecido en los años anteriores a su muerte o a aquellos a los que se haya cedido la explotación bajo cualquier título y estén dados de alta como agricultores, quedando excluidos el resto de herederos de cualquier bonificación. Podría resumirse que sólo se ha contemplado el caso de herencias a favor de una única persona que sólo vaya a dedicarse a la actividad agraria. Si hay más de un heredero y/o tiene otra actividad económica o profesional, no podrán beneficiarse de esta reforma aprobada por el Ejecutivo andaluz. De mantenerse esto así, se está dando pie a la división de explotaciones, yendo en contra de la necesaria unión de explotaciones para mantener la viabilidad de las mismas.
No contempla situaciones muy habituales como son las comunidades de bienes o sociedades civiles de hermanos o primos o aquellas en las que la explotación es realizada, en régimen de cesión por cualquier título jurídico por una sociedad, aunque esta esté constituida por los propios herederos.
Por otro lado, al tratarse de una reducción propia e incompatible con la reducción para la adquisición de una empresa individual establecida en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones, en caso de transmisión ‘inter vivos’ no resulta de aplicación la exención establecida en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las ganancias patrimoniales. Esto implica que, en el caso de una donación, el donante seguirá gravemente perjudicado al continuar teniendo que pagar una importante cantidad al fisco, “lo cual hace que continúe siendo muy difícil poder realizar una donación en Andalucía”.
DEJA FUERA A LA MAYORÍA DEL SECTOR
Por tanto, Asaja Córdoba considera que la Junta de Andalucía ha dado un paso adelante muy parcial que debería corregirse en este año ya que “deja fuera de la norma a la inmensa mayoría del sector agrario andaluz, pues seguirán afectadas por este impuesto”.
Hay que tener en cuenta que el resto del patrimonio no agrario está prácticamente en la misma situación que antes, en un inexplicable agravio comparativo con otras comunidades autónomas en relación a este impuesto. Además, esos escasos compromisos adquiridos están aún pendientes de desarrollo y publicación en el BOJA.
Por ello, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, dirigió hace unos meses varios escritos a la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, y al portavoz de Cs en el Parlamento Andaluz, Juan Marín, solicitándoles que aclaren o corrijan esas situaciones y que, además, se trabaje desde la Junta de Andalucía, junto al resto de partidos políticos, en una armonización nacional de este “injusto impuesto” que suponga la eliminación del mismo, y que haga que todos los españoles sean iguales ante la ley como así marca la Constitución Española.
Asimismo, se ha dirigido al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para que cumplan a nivel nacional la propuesta de eliminación del impuesto como llevan haciendo hace meses en Andalucía, para lo cual se recogieron miles de firmas.
Asaja Córdoba considera que “la eliminación de este impuesto sería muy positiva para las explotaciones agrarias, para el impulso de la actividad económica de Andalucía y estaría muy bien valorado por los andaluces, que dejarían de ser ciudadanos de segunda clase en España en relación a este injusto impuesto”.
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