La Consejería de Fomento y Vivienda ha concedido 2.463 subvenciones acogidas a la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Vulnerabilidad, permitiendo a las familias beneficiarias sufragar las rentas de arrendamiento de inmuebles gestionados por entidades públicas, fundamentalmente ayuntamientos, empresas municipales responsables de la gestión de este tipo de inmuebles y diputaciones.

Esta orden de subvenciones, dotada con un presupuesto de 4,32 millones de euros, se nutre de fondos autonómicos y estatales y persigue garantizar mediante alquileres asequibles el derecho a la vivienda de las familias con menos ingresos, en un contexto de fuerte desempleo y precariedad laboral. En ese sentido, los ingresos de los destinatarios deberán ser inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), lo que supone unos 11.200 euros netos al año. Dicha ayuda garantiza que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas mensuales no supere el 25% de los ingresos familiares.

Además, las familias receptoras han tenido que acreditar, mediante un informe emitido por los servicios sociales que correspondan, que tienen dificultades para el abono del alquiler derivadas de su situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar. En dicho informe también se recoge la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta. Los miembros de la unidad familiar no pueden disponer de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda. La subvención contribuirá al pago de las mensualidades correspondientes a un año.

Este programa de subvenciones contribuye a combatir el stock de viviendas protegidas de titularidad pública que aún se encuentran vacías en Andalucía, al permitir a las entidades que mantienen inmuebles cerrados darles uso mediante un alquiler social, ya que es la Junta de Andalucía la que completa la diferencia entre la renta estipulada y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad puede pagar. La medida también busca erradicar los desahucios en parques públicos de Andalucía pertenecientes a ayuntamientos o entes instrumentales por motivos de impago de alquiler, ya que las subvenciones van destinadas a ayudar a sufragar esas rentas a quienes no pueden afrontarlas.

Para solicitar estas ayudas, las administraciones públicas, los entes instrumentales dependientes de ellas y las personas jurídicas públicas con competencias en materia de vivienda, así como las entidades inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía que cuenten con declaración de utilidad pública han tenido que acreditarse como entidades colaboradoras y demostrar que tienen una bolsa de viviendas en alquiler de gestión propia destinadas a familias en situación de especial vulnerabilidad.

Son dichas entidades colaboradoras las que informan sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas solicitantes y han presentado en su nombre la petición de ayudas, previa puntuación de sus condiciones y las de su unidad familiar a través de los medios y formularios facilitados por la Consejería. Una vez obtenida la resolución de ayuda, las entidades colaboradoras han de descontar el importe de la renta mensual y, en su caso, el resto de la cantidad correspondiente para que el importe que efectivamente abona la persona destinataria de la ayuda no supere el 25% de sus ingresos.