El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha anunciado hoy la puesta en marcha de un plan de choque que se va a impulsar en toda España desde el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil junto al resto de las administraciones competentes en la tarea del control de pozos ilegales –destinados a sondeos o a extracción de agua sin concesión—para la inspección y denuncia de estas prospecciones.
En concreto, y según ha explicado Gómez de Celis, esta instrucción se divide en dos fases: la primera, que abarca del 1 al 15 de marzo, será para recabar información sobre la situación de los pozos en Andalucía; mientras que la segunda fase, que será hasta el 15 de septiembre, supondrá la intervención directa para elevar las posibles denuncias. Este plan de choque es una de las conclusiones de la reunión interadministrativa que ha presidido el delegado y a la que han asistido el general jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Manuel Contreras, y el capitán jefe del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, Salvador Francisco Fernández; el subdirector general de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, Miguel Ángel Román; el jefe del servicio de Minas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, Iván Maldonado; el jefe del servicio del Medio Ambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Juan Carlos Costa; la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Teresa Muela; y los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y Guadiana, Joaquín Páez y Samuel Moraleda, respectivamente; y el comisario de Aguas adjunto de la Confederación Hidrográfica del Segura, Adolfo Mérida.
A juicio del delegado, la prolija relación de los asistentes a dicho encuentro expresa “la importancia que todas las administraciones implicadas le otorgamos a esta materia y la complejidad de la misma”. Por ello, ha asegurado que esta mesa interadministrativa se va a “institucionalizar con carácter trimestral para hacer un seguimiento de la situación de los pozos y resolver incidencias en la coordinación”.
Los objetivos
Gómez de Celis, además, ha explicado que el objetivo de esta reunión es triple: “preservar el uso responsable de un recurso escaso y fundamental para la vida como es el agua; preservar la competencia leal entre productores y agricultores; y preservar la seguridad de las personas para evitar casos como el rescate de Julen en Málaga, que ha causado una gran alarma social”. En este sentido, ha dicho que “ya se ha realizado mucho en esta materia, pero vamos a seguir mejorando la coordinación y regulación”. Así, ha señalado que en el año 2018 se realizaron cerca de 1.000 inspecciones para detectar extracciones ilegales de agua, de las que se derivaron un total de 656 actas de denuncias, de las cuales aproximadamente la mitad, 328, fueron en el entorno de Doñana. Además, ha precisado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir prevé cerrar a corto plazo 77 pozos ilegales en el acuífero de Doñana.
El delegado también ha querido “romper una lanza a favor de los agricultores andaluces que de manera muy mayoritaria cumplen con la normativa y regulación y hacen un uso del agua de manera excelente y legal”. “De ninguna manera debemos generalizar en la existencia de un uso fraudulento de los recursos hídricos subterráneos, ya que se trata sólo de una minoría que lo hacen de manera ilegal y perjudican a los propios agricultores. Tenemos que frenar esa irregularidad”, ha afirmado.
Entre otras medidas, Gómez de Celis ha avanzado que el próximo 11 de marzo, el Ministerio para la Transición Ecológica va a dar una instrucción a todos los organismos de cuencas para establecer un procedimiento común sobre la autorización en la extracción de aguas. Además, ha afirmado que la Junta de Andalucía, de su lado, está preparando una orden para regular los trámites de perforación de pozos, así como su clausura.
Por su parte, la secretaria general de la FAMP, Teresa Muela, ha manifestado la “total disposición de la Federación a cooperar y trabajar con las administraciones competentes” en la lucha contra los pozos ilegales, ya que puedan causar situaciones peligrosas y, al mismo tiempo, un daño irreparable a las personas y a la naturaleza. En este sentido, “la FAMP trabajará para animar a todas las corporaciones locales a que den la voz de alerta ante las autoridades para evitar cualquier riesgo”.
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