La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio va a iniciar a partir de septiembre el envío de las últimas cartas de aviso de caducidad de la ITV, y que serán sustituidas progresivamente por un sistema telemático de avisos a través de correos electrónicos o mensajes de telefonía móvil (SMS).

Por tanto, en un plazo de aproximadamente dos años -período en el que los avisos en papel quedarán totalmente suprimidos- los alrededor de 3,3 millones de cartas impresas que hasta ahora ha venido remitiendo la Administración Autonómica Andaluza van a ceder el testigo a un sistema de comunicación mucho más barato, ecológico, eficiente y personalizado.

Sin embargo, y a diferencia de lo que ha venido sucediendo hasta ahora, la Junta de Andalucía ya no va a notificar al ciudadano por defecto que le caduca la ITV, sino que éste deberá prestar su consentimiento explícitamente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos. Para ello habrá de cumplimentar telemáticamente una plantilla donde ofrezca bien un número de teléfono, bien una dirección de correo electrónico o ambos.

Con tal fin se ha habilitado desde VEIASA un apartado dentro de su página web www.veiasa.es denominado “Servicio de Notificaciones”, a través del cual las personas que deseen seguir recibiendo este aviso podrán dejar sus datos y comenzarán a recibir telemáticamente las notificaciones oportunas. Además, y para facilitar los trámites, también se habilitará un apartado específico de registro en la web de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Con esta iniciativa, anunciada el pasado 1 de marzo en comisión parlamentaria por el consejero Javier Carnero, desde la Junta de Andalucía se apuesta por el uso de los nuevos sistemas de comunicación electrónicos y se colabora activamente tanto con la gestión eficiente de los fondos públicos como con la preservación del medioambiente.

Un ahorro de 30,7 toneladas de papel

De hecho, las alrededor de 3,3 millones de cartas anuales que envía VEIASA representan un consumo de 30,7 toneladas de papel, que junto a su impresión, manipulación y envío suponen para las arcas públicas un desembolso aproximado de 900.000 euros anuales. Esta cifra se verá reducida significativamente, ya que el envío por correo electrónico es gratuito para la Administración, mientras que la remisión de un SMS de aviso implica un gasto más reducido.

De acuerdo con las estimaciones de la empresa pública, si en el escenario menos optimista el 100% de los usuarios optase por el mensaje de texto como sistema de aviso, el coste total anual alcanzaría los 160.000 euros: cifra que, aun así, representaría un ahorro de casi 740.000 euros frente al gasto mantenido hasta ahora. Si por el contrario el 25% de los usuarios -sólo uno de cada cuatro- eligiese el correo electrónico como vía de información, el ahorro rondaría los 780.000 euros anuales. Habría en este caso un coste siete veces inferior al que ha supuesto hasta el momento el envío de cartas en papel.