La Junta de Andalucía ha cumplido la garantía de pago a 20 días en los servicios esenciales, “consolidando un derecho de nueva generación que persigue la sostenibilidad del Estado de bienestar”. Así lo ha subrayado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que ha presentado el balance del decreto andaluz que beneficia a proveedores de sanidad, educación y servicios sociales, “da seguridad a empresas y ciudadanos y revitaliza los servicios públicos”.

En rueda de prensa, ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó en enero del pasado año el decreto de garantía de tiempos de pago, que entró en vigor el 20 de marzo de 2017. “Se cumple un año de una medida innovadora” que reduce a 20 días naturales el tiempo máximo de pago en ámbitos prioritarios, por debajo de los 30 días que marca el Gobierno central. Asimismo ha destacado la implantación de un “nuevo derecho que no existe en ninguna otra administración”, a través de una garantía que, en caso de retraso en el pago, permite a las empresas cobrar sus facturas directamente en una entidad bancaria.

“La idea era sencilla y el mecanismo innovador”, ha explicado, “para reforzar los servicios públicos esenciales y proteger su entorno productivo”, es decir, a las empresas que contratan con la Junta de Andalucía, y especialmente a las pymes, y a sus trabajadores. Según ha expresado, el objetivo es que no sufran retrasos las “miles de nóminas” que dependen de estos contratos, comedores escolares, empresas de limpieza o seguridad, que las becas, ayudas y prestaciones se perciban a tiempo y que los proveedores de bienes y servicios cobren sus facturas “con agilidad”.

Desde la entrada en vigor del decreto, las empresas han cobrado en una media de seis días, “muy por debajo de los 20 días comprometidos” y no se ha activado el derecho de garantía ante las entidades financieras. “Hemos cumplido”, ha manifestado la consejera que también se ha referido al “efecto motor” de la garantía sobre el conjunto de los pagos de la Junta. En este sentido, ha recordado que Andalucía es la comunidad autónoma de régimen común que paga antes a todos sus proveedores, dos días antes de lo que marca la normativa de morosidad del Gobierno. Y en el sector sanitario, 17 días antes y 36 días antes que la media de las comunidades autónomas.