La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha acordado tras una reunión en Sevilla con el sector ayudas indemnizar a los afectados del cierre del caladero de la chirla del Golfo de Cádiz.

Así lo ha trasladado el viceconsejero, Ricardo Domínguez, que a su vez, ha manifestado hoy que estas ayudas “paliarán de alguna manera las circunstancias por las que van a pasar durante todo este tiempo los marineros y los armadores» tras el cierre del caladero del Golfo de Cádiz. Con estas ayudas, se destinarán 500 euros mensuales por embarcación y 400 euros por marinero, manteniéndose el tiempo que se prolongue el cierre del caladero.

Sánchez ha recordado que esta línea de ayuda para la flota afectada (compuesta por 96 embarcaciones de draga hidráulica y 291 tripulantes de los puertos de Isla Cristina, Punta Umbría, Ayamonte y Sanlúcar de Barrameda) va a ser compatible con la contratación de los marineros por parte de los barcos de otras modalidades pesqueras o en otra actividad, así como con otras prestaciones sociales.

En la decisión de conceder ayudas a los afectados por el cierre de este caladero, la Consejería ha tenido en cuenta que la flota de draga hidráulica se dedica en exclusiva a la chirla. Por esta razón, las embarcaciones no pueden alternar o compatibilizar su actividad con otras artes o capturar otras especies marisqueras.

Orden de ayudas

Según el borrador de la Orden que prepara la Consejería, la ayuda consistirá en una cantidad fija por buque y mes natural completo, determinada en función del número de tripulantes enrolados en la embarcación a fecha de 29 de diciembre de 2017 (último día del año habilitado para la pesca de la chirla). La cuantía por barco será de 500 euros, y 400 euros por cada uno de sus tripulantes.

Para poder acceder a estas subvenciones, las embarcaciones deberán estar dadas de alta en el Censo de Flota Pesquera Operativa y figurar en la relación de autorizadas para el uso de draga hidráulica. Asimismo, será condición haber ejercido la actividad pesquera durante un periodo mínimo de 60 días en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda.

Según la Junta, el cierre del caladero se mantendrá hasta que los informes científicos determinen que la población de chirla se ha restablecido totalmente y que es posible reanudar la actividad.