El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha subrayado hoy en el Parlamento andaluz que es “imprescindible llevar a cabo la interconexión del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género a nivel estatal con el Punto de Coordinación de las órdenes de protección de violencia doméstica y de género de la Junta de Andalucía para mejorar así la red de protección de las mujeres maltratadas y su seguridad”.
De Llera, en respuesta a una pregunta en la comisión parlamentaria, ha mostrado su confianza en que próximamente pueda ser suscrito el convenio de colaboración necesario entre su departamento y el Ministerio del Interior para impulsar esta interconexión que permitirá establecer un canal más rápido y eficaz de coordinación y comunicación entre las fuerzas de seguridad y las instituciones que prestan atención y apoyo a las víctimas.
El consejero ha señalado que Junta y Ministerio habían acordado para el pasado 3 de marzo la firma del citado convenio en el que ambas administraciones llevaban trabajando más de dos años para conectar la aplicación de la Consejería de Justicia e Interior con el Sistema del Gobierno central en los casos de Violencia de Género, denominado Viogen, que gestiona la Secretaría de Estado de Seguridad.
Sin embargo, según el consejero, el Ministerio de Interior decidió suspender la firma del convenio de colaboración sin comunicar el motivo ni haber ofrecido una nueva fecha para rubricarlo. Desde abril de este mismo año, la Consejería de Justicia e Interior se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el Ministerio del Interior para agilizar el proceso pero el gobierno central ha ido retrasando la firma sin argumentos sólidos. El último contacto se produjo el pasado viernes y, ha afirmado el consejero, “actualmente estamos a la espera de respuesta”.
Información completa y respuesta eficaz
La firma de este convenio, ha apuntado De Llera, supondrá tener información mucho más completa de las víctimas y actuar de manera más eficaz “porque establece un cauce rápido, seguro e integrado que facilita a todos los agentes implicados, fuerzas y cuerpos de seguridad y organismos e instituciones competentes, la información sobre las me-didas judiciales de protección que se acuerden, mejorando la eficacia y coordinación entre ellos”.
A su juicio, la interconexión de ambos sistemas es necesaria para que tanto los Servicios de Asistencia a las Víctimas de Andalucía (SAVA), dependientes de la Consejería de Justicia e Interior, y los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan conocer, mediante un procedimiento rápido y seguro, todas las medidas judiciales de protección que se acuerden desde los órganos judiciales y dispongan además de la valoración del riesgo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realicen sobre las víctimas, todo ello con el objetivo de adaptar las actuaciones que se emprendan a la información obtenida y establecer cauces de coordinación y colaboración.
El Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género aglutina la información y los recursos operativos de las víctimas de violencia de género al que acceden la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, con el fin de evaluar el riesgo de las mujeres víctimas de violencia de género que interponen una denuncia, y conseguir una protección más eficaz para este tipo de víctimas.
El titular de Justicia e Interior ha recordado que la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas es un asunto de enorme gravedad, “gravedad que se constata por el número de muertes así como por los datos estadísticos aportados por el Consejo General del Poder Judicial respecto a las denuncias y los procesos judiciales derivados de las misma”. Todo ello hace necesario profundizar en una adecuada coordinación de las actuaciones entre Administraciones, con el fin de prevenir y evitar riesgos de nuevas agresiones, ha señalado de Llera.
El Punto de Coordinación de órdenes de protección de Andalucía, que gestiona la Consejería de Justicia e Interior desde 2009, es el primero en España que notifica de forma telemática estas medidas a las entidades que dan protección social a las víctimas de violencia de género, prestándoles información, asesoramiento y acompañamiento durante el proceso judicial al que se enfrentan.
Con este Punto de Coordinación, la Junta aporta un recurso que garantiza la efectiva cooperación entre los distintos órganos judiciales y organismos públicos que intervienen en la protección de estas víctimas. Este servicio garantiza además una comunicación inmediata de la orden de protección todos los días del año, las 24 horas del día, a las instituciones que ofrecen protección social a las víctimas favoreciendo un acceso inmediato a los servicios y recursos especializados de atención y asistencia.
La orden de protección es la resolución más contundente para proteger a una víctima de violencia de género, ya que permite aglutinar en un único acuerdo judicial medidas cautelares penales sobre el agresor para impedir la realización de nuevos actos violentos y medidas protectoras de índole civil y social que eviten el desamparo de las mujeres que sufren malos tratos.
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