OBRAS. Francisco Carmona, secretario general de la Asociación de Constructores de Córdoba (Construcor) ha criticado las malas prácticas que se vienen realizando en la licitación de obras en los últimos tiempos, lo que les ha llevado incluso a acusar a la Diputación de Córdoba de “prostituir” la concesión de obras. De todo ello hablábamos con su presidenta, María Dolores Jiménez.
P: ¿Qué ha llevado a Construcor, como asociación, a denunciar este tipo de malas praxis?
R: Se trata de una praxis que va contra los principios de libre concurrencia y de transparencia, y anula completamente uno de los objetivos esenciales de la normativa europea y española en materia de contratación pública, que no es otro sino favorecer el acceso de las PYMEs a la licitación pública.
P: Esta denuncia pública llega ahora, pero imagino que habrá sido el cúmulo de una serie de acciones que su asociación habrá venido viendo en los últimos tiempos…
R: Es un malestar que hemos trasladado de forma reiterada a las administraciones públicas, junto con propuestas para evitar que se siga falseando la competencia, mediante la adjudicación de contratos de obras y servicios muy por debajo incluso de los costes directos de ejecución
P: El secretario general de su asociación ha declarado recientemente que contratar a través de la empresa pública Tragsa no solucionaría estos problemas. ¿Dónde cree por tanto que puede estar la solución para que no se contrate con precios por debajo del mercado?
R: Las administraciones públicas y las empresas saben que por debajo de un determinado precio es imposible ejecutar una obra o prestar un servicio con criterios de calidad y de eficiencia. Por tanto, la solución es sencilla: voluntad de no seguir haciendo un uso indebido de los procedimientos
P: ¿Por qué considera que ciertas empresas ofrecen este tipo de contratos para quedarse con las obras, a sabiendas que posteriormente no van a poder cumplir con ello? ¿Qué lleva a las administraciones a otorgárselas?
R: Aunque la actividad de construcción registra avances, su recuperación está muy condicionada por el desigual ritmo de crecimiento de la edificación residencial privada. Esta situación hace que algunas empresas tomen unos riesgos excesivos que se traducen en unas ofertas a la baja desproporcionadas; riesgos que las administraciones públicas hacen suyos, lo que ha generado un círculo vicioso que hay que romper. Mire, yo no conozco un proyecto de edificación promovido por la iniciativa privada que se haya paralizado por un desajuste en el precio de ejecución, lo que significa que en el ámbito de lo público el uso de los recursos no es todo lo eficiente que debiera.
P: ¿Qué se puede hacer desde las administraciones públicas para incrementar la vigilancia en el cumplimiento de los contratos?
R: Una mayor vigilancia no va a evitar que las obras se paralicen. Lo que hay que hacer es no utilizar indebidamente los procedimientos, no adjudicar los contratos a ofertas a la baja absolutamente desproporcionadas y optar por la mejor oferta en términos de calidad y precio.
P: ¿Cree que interponer algún tipo de sanción o de prohibición de presentarse a los concursos públicos contra las empresas que no cumplen puede ser una solución?
R: Las responsabilidades habría que pedírselas a los órganos de contratación, a quienes deciden las adjudicaciones poco menos que “echando una moneda al aire”.
P: Hace casi un año se modificó la Ley de Contratos para tratar de evitar este tipo de situaciones, pero no parece haber servido de mucho. ¿Considera que hay que renegociar o volver a modificar dicha ley?
R: No es necesario modificar la norma, basta utilizar con mayor celo y eficiencia los recursos públicos que, no olvidemos, provienen de los impuestos que pagan la ciudadanía y las empresas. Alguien dijo que éstos, precisamente porque son públicos, no son de nadie, lo que no deja de ser una ocurrencia desafortunada pero que inconscientemente revela una gestión y aplicación de los mismos muy mejorable
P: ¿Desea añadir algo más?
R: Diría que las empresas son las primeras interesadas en acabar con una situación que termina repercutiendo negativamente en la imagen del sector. En este sentido, confiamos en que las administraciones públicas en general, y la Diputación Provincial de Córdoba en particular, se muestren más predispuestas al diálogo para buscar puntos de encuentro y soluciones.
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