CSIF Córdoba ha llevado a cabo una concentración en la Subdelegación del Gobierno para reclamar una mejora notable de los salarios y de las condiciones laborales del personal de la Administración General del Estado (AGE), que en Córdoba ascienden a unos 2.900.

El sindicato ha recalcado en una nota de prensa que estas plantillas se han visto mermadas en un 21% desde 2011 en la provincia. Trabajadores públicos, que pertenecen a servicios públicos como Tráfico, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Agencia Tributaria o la Prisión de Alcolea, entre otros, y que perciben de media un 25% menos que sus compañeros que desarrollan las mismas tareas en las comunidades autónomas.

El responsable del Sector de AGE de CSIF Córdoba, Francisco Guerrero, indica que estas protestas, que han tenido lugar en todo el país, coinciden con el inicio de las negociaciones con el Ministerio de Hacienda, que continuarán el próximo lunes. “Si el Gobierno quiere un acuerdo con CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, que avale la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, debe incluir un amplio paquete de medidas que den carpetazo a los años de recortes sufridos por estos trabajadores públicos debido a la crisis económica”, destaca el dirigente sindical.

CSIF reclama la recuperación del poder adquisitivo, que desde 2010 se ha perdido un 20%, incluir a los empleados públicos de la AGE en el proceso de equiparación salarial iniciado con la Policía Nacional y la Guardia Civil respecto al personal de las comunidades autónomas y derogar el decreto que impide negociar la jornada de 35 horas y eliminar los descuentos en la nómina por incapacidad temporal. Además, se pide la aprobación de una oferta pública de empleo (OPE) que realmente permita avanzar en la recuperación de los puestos de trabajo destruidos durante la crisis.

El sindicato considera que es el momento de abordar la negociación para llegar a un acuerdo que facilite una primera inclusión en los presupuestos de 2018 de 200 millones de euros para fondos adicionales destinados a la homologación retributiva de los empleados públicos de la AGE, prestando especial atención a aquellos puestos que presentan las mayores diferencias económicas.