El sindicato CSIF Córdoba ha denunciado mediante una nota de prensa que las medidas de puesta en marcha del Juzgado de lo Penal nº 6 como consecuencia de la desacertada decisión de reconversión del Juzgado de Menores nº 2 están generando graves disfunciones en la transición e integración de ambas jurisdicciones en un único órgano, afectando al normal funcionamiento de éste. El sindicato ya anticipó estos problemas en septiembre  a través de un escrito a la Consejería de Justicia e Interior.

El responsable del Sector de Justicia de CSIF Córdoba, Diego Díaz, ha indicado que los funcionarios de este juzgado no pueden desarrollar con normalidad su labor porque los programas de tratamiento informático son incompatibles y no son operativos desde el terminal. De este modo, dependiendo de que tengan que trabajar en una u otra jurisdicción, estos profesionales tienen que desplazarse a la planta baja, antigua ubicación del Juzgado de Menores nº 2, o en la planta tercera, donde se encuentra el Penal nº 6.

El dirigente sindical destaca que el Juzgado de lo Penal nº 6 ocupa un espacio “fantasma”, puesto que las instalaciones permanecen vacías, a excepción de tres funcionarios (de un total de ocho que componen la plantilla) que van rotando, por lo que difícilmente pueden asumir con la debida diligencia y garantías los asuntos de violencia de género que entren en esta jurisdicción mientras que el resto de personal tiene que continuar con la tramitación de los expedientes del Juzgado de Menores, que por ley están obligados a terminar.

El máximo representante del Sector de Justicia de CSIF Córdoba señala que estos trabajadores carecen del don de la ubicuidad para poder estar en todas partes, de modo que tendrá que elegir entre una u otra jurisdicción, “algo que es incompatible con el normal funcionamiento y el seguimiento de unas causas tan delicadas que requieren una atención total y exclusiva como es todo lo relacionado con menores y la violencia contra la mujer”.

Desde CSIF se teme que este órgano “caiga en el caos”, según ha declarado el sindicato, además, por otros motivos, como son que a día de hoy a estos funcionarios no se les ha impartido formación específica y práctica sobre la tramitación efectiva de procedimientos de violencia sobre la mujer, pese al compromiso de la Dirección General de Justicia de establecer un programa de tutorización a través de funcionarios de otros juzgados de  lo Penal a fin de formar en el aspecto al nuevo personal, tal y como ya se hizo con el juzgado encargado de las cláusulas suelo.

La central sindical también ha hecho referencia a las consecuencias que ha tenido la decisión de reconversión del Juzgado de Menores nº 2 en el funcionamiento del nº 1, ya que el aumento de asuntos ha sido tal que se duplican los módulos del resto de estos órganos en Andalucía y en gran parte del país, de modo que esta jurisdicción “va camino del colapso inmediato”. “Entendemos que esto supondrá un retroceso en el acceso a la Justicia para los ciudadanos, así como un empeoramiento de las condiciones laborales de todos los trabajadores de esta sección y de la Fiscalía de Menores”, declaró Díaz.

En base a esta situación, CSIF, ha enviado un escrito a la delegada del Gobierno de Andalucía en Córdoba, Esther Ruiz, en su calidad de representante de la Consejería de Justicia e Interior, para que se proceda al nombramiento urgente de refuerzos en el Juzgado de lo Penal nº 6 para que se hagan cargo de la tramitación de los asuntos pendientes del Juzgado de Menores nº 2 hasta su total terminación. También se reclama atención exclusiva de los menores afectados, quedando éstos en la ubicación actualmente preparada para ellos, mientras que el resto de la plantilla se pueda dedicar de pleno a los asuntos de violencia contra la mujer que lleguen al Juzgado de lo Penal nº 6.

En el escrito CSIF solicita, asimismo, que se proceda al nombramiento urgente de refuerzos en el Juzgado de Menores nº 1 con el objetivo de paliar la sobrecarga generada en dicho órgano, que desde el 1 de enero está asumiendo la carga de trabajo que anteriormente se repartía entre los dos juzgados. Por último, el sindicato baraja la posibilidad de iniciar movilizaciones para denunciar esta situación, como es la realización de una campaña de sensibilización de la ciudadanía que accede a la Ciudad de la Justicia o reuniones con el Defensor del Pueblo.