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El Palacio de la Merced ha acogido la presentación del libro “Aspectos financieros de la reforma local”, escrito por Rosa Ana Navarro, secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y coordinado por el abogado cordobés y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Martín.
Esta publicación es uno de los primeros estudios sistemáticos de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, siendo una revisión actualizada y en profundidad del marco en el que se desenvuelven las relaciones de los municipios españoles con sus ciudadanos.
Ofrece una visión integral de los aspectos financieros más novedosos que plantea la adaptación del estatuto jurídico de la Administración Local, el nuevo marco competencial y su adaptación en términos de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad, las formas de gestión de los servicios públicos, las medidas presupuestarias que incorpora el nuevo texto y las nuevas situaciones del personal de la Administración Local.
Rosa Ana Navarro ha explicado que “la presentación de este libro viene a aclarar los aspectos financieros de la reforma local llevada a cabo por la Ley 27/2013. En lo referido al Plan de pago a proveedores, se ha sacado de los cajones más de dos millones de facturas por un total de 11.600 millones de euros a nivel de todas las entidades locales, por lo que ha inyectado recursos a la economía, generando una actividad económica, manteniendo un total de 120.000 puestos de trabajo siendo los proveedores locales los que se han beneficiado de esta medida, que ha afectado en un 99 por ciento a pymes y autónomos”.
Por otra parte, la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha argumentado que “en la provincia de Córdoba y su Diputación se han pagado en las dos fases un total de 38.835 facturas por importe de 61,5 millones de euros, y han sido 45 entidades locales las que se han sumado a este plan”.
En este sentido, Navarro ha anunciado que “este plan de pagos había que devolverlo en 10 años, hace una semana por un acuerdo adoptado por la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se ha adoptado la decisión de ampliar el plazo de devolución de diez a veinte años para aquellas entidades que tengan unas necesidades especiales, en el total de los ayuntamientos, españoles podemos hablar de 360 entidades que podrán acogerse a esta prorroga y todas las entidades locales se van a beneficiar de una reducción de los tipos de interés de este Plan de Pagos”.
“Con los esfuerzos de los ayuntamientos hemos llegado a un cierre de unas cuentas del conjunto de entidades locales en 2012, de +0,22; y en 2013 con un superávit, de +0,41. Este sector ha pasado de ser aquel que ponía en duda la solvencia de las entidades y administraciones españolas ante la Unión Europea a darle la solvencia a toda la administración pública. Gracias al superávit de las administraciones locales se han salvado las cuentas del reino de España”, ha añadido la secretaria general.
Igualmente, ha señalado que “de las 76 entidades de la provincia de Córdoba, 75 ayuntamientos y la Diputación, sólo había, en 2012, 13 entidades locales con déficit; sin embargo, la mejoría de 2013 hace que el Ayuntamiento de Córdoba multiplique por 6 su superávit, de 7,3 a 45 millones de euros; mientras que la Diputación termina con un cierre de cuentas en 2012 de 23,5 millones elevándolo a 31,5 en 2013. Esta norma lo que va a hacer es profundizar el saneamiento y la sostenibilidad de las cuentas públicas, para las entidades que estén bien; y que se corrijan los desequilibrios de las que no lo están”.
Por su parte, el abogado cordobés y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Martín, ha apostillado que “hay que reconocer que esta norma ha supuesto una auténtica revolución en los ayuntamientos y diputaciones españolas, sin embargo es una reforma que va en la línea que el Gobierno inició con la Reforma de la Administración Central que no supone una atadura para las competencias de las administraciones si no todo lo contrario, además se deja muy claro que el Estado asume en esta ley sus competencias en materia de régimen local pero que después las comunidades autónomas, partiendo de sus estatutos, también podrán desarrollar aquellas materias que sean de su competencia”.
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