El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha calificado de “logro excepcional” que su departamento lleve nueve años abonando con antelación los pagos de la Política Agraria Común (PAC) a agricultores y ganaderos, desde que Bruselas así lo autoriza. Esto ha sido posible, ha destacado, pese a que Andalucía es, con 240.000, la comunidad autónoma con más expedientes de la PAC, casi el doble que la segunda, Castilla-La Mancha, que tramita 126.000. De hecho, ha recordado que otras regiones con un volumen de gestión muy inferior no han logrado este objetivo todos los años.
Sánchez Haro ha subrayado que esto ha sido posible “gracias al esfuerzo de quienes trabajan para el sector” en la Consejería, en las delegaciones territoriales y en las oficinas comarcales agrarias (OCA), “unos magníficos profesionales capaces de tramitar un millón de expedientes en lo que llevamos de legislatura”. Asimismo, son los responsables “de realizar, año tras año, los controles administrativos” de las 240.000 solicitudes que se presentan, y son también “capaces de finalizar, año tras año, los 12.500 controles exigidos sobre el terreno en tiempo récord”.
El consejero ha recordado que este año el periodo para presentar las solicitudes para el pago de la PAC se ha prorrogado diez días (expira el viernes 11 de mayo), una ampliación que “fue acordada con las organizaciones agrarias” con un doble objetivo: otorgar más tiempo a los beneficiarios, obligados por la sequía a posponer las decisiones de plantación, e iniciar los controles de inmediato para materializar el máximo número de pagos en el anticipo de octubre.
En la campaña 2017 se hicieron llegar 1.378 millones de euros (el 96% del total) a casi 225.000 agricultores dos meses antes de acabar el plazo. En cualquier caso, y pese a los 1.400 millones de euros que Andalucía tramita anualmente en ayudas de la PAC, Sánchez Haro ha vuelto a lamentar los más de 600 millones de euros que la comunidad autónoma ha perdido para este fin en el actual periodo (2014-2020) tras el recorte impuesto por el Gobierno central.
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