El Gobierno andaluz ha acordado instar al Ejecutivo central la convocatoria urgente de una reunión bilateral para replantear las asignaciones de los fondos de Políticas Activas de Empleo 2017 a la comunidad autónoma, tras la distribución discriminatoria que se realizó en la última Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales el pasado 11 de abril. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social anunció en este foro un recorte de 13,3 millones de euros respecto a 2016, con una asignación 324,41 millones que supone un 3,95% menos. Andalucía es la única región a la que se le han recortado fondos en este año.
Junto a esta cantidad para políticas activas de empleo, Andalucía recibirá otros 33,8 millones de euros para el programa específico de atención a parados de larga duración. Incluyendo esta iniciativa, la cuantía total asciende a 358,2 millones de euros, 11 millones menos que el pasado ejercicio.
La Junta de Andalucía ha instado también al Gobierno de España para planificar la nueva Estrategia de Activación del Empleo 2017-2020, dado que la anterior finalizó en 2016 y aún no se ha diseñado una nueva.
Asimismo, el Ejecutivo andaluz reclama mayor transparencia a la hora de evaluar a las comunidades autónomas en la ejecución de los fondos de políticas activas de empleo y censura que se desconozca el resultado global de las evaluaciones que realiza el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuyos datos son esenciales para el reparto, así como que los criterios de las mismas se modifiquen año a año sin mayor explicación.
En este sentido, el Consejo de Gobierno considera que la evaluación sobre ejecución llevada a cabo en Andalucía en dos de las partidas no debería tener ningún efecto en los criterios de distribución, ya que ninguna de ellas se ha llevado a cabo. La primera de ellas se refiere a los fondos de Formación Profesional para el Empleo, cuyas convocatorias fueron paralizadas por la Junta a partir de 2012 tras la campaña de judicialización que sufrió esta área, un proceso que está a punto de concluir en los tribunales con el reproche jurídico a los denunciantes y todos los procedimientos favorables a la Administración de la Junta. El Ejecutivo autonómico subraya que, si no hubo cursos, el grado de cumplimiento de objetivos no puede ser una variable para disminuir las cantidades asignadas.
No a la privatización
En segundo lugar, por mandato del Parlamento de Andalucía, en 2012 se acordó que no se privatizara ninguno de los servicios prestados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que no se derivaran a las agencias privadas de colocación. Los 20,6 millones de euros asignados el pasado año para estas entidades no se han ejecutado en Andalucía al no existir convenios específicos con las mismas, por lo que tampoco pueden ser tenidos en cuenta en los criterios de evaluación.
Finalmente, la partida de fondos de 20016 destinada a políticas de empleo para parados mayores de 45 años se notificó por parte del Gobierno central a finales del pasado mes de diciembre. El pago se hizo efectivo en enero de 2017, lo que hizo imposible su ejecución por parte de la comunidad autónoma, habida cuenta de que ya estaba prácticamente cerrado el ejercicio presupuestario. La Junta considera que tampoco en este caso procede tomar en cuenta el criterio de evaluación para la distribución de fondos en 2017.
Como respuesta al recorte que ha sufrido la comunidad, la Junta reclama al Gobierno central las cantidades correspondientes a los fondos de formación que ha dejado de ingresar desde 2012 por la paralización de las convocatorias de cursos de FP para el Empleo. También exige para la comunidad un plan especial de empleo que corrija las discrepancias y la falta de equidad del modelo actual de reparto, de manera que al menos se garantice que cualquier desempleado español perciba la misma cantidad per cápita de los fondos estatales para políticas activas de empleo.
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