El Sindicato de Enfermería considera insuficiente la subida salarial aprobada por el Gobierno para las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, y sigue reclamando un aumento de, al menos, un 6 por ciento, para paliar en parte la pérdida de poder adquisitivo experimentado desde el año 2010.
Otra demanda laboral que, una vez finalizado 2018, sigue pendiente de generalizarse en todo el Estado es la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales, algo que SATSE sigue reclamando en las diferentes mesas y órganos de negociación.
Córdoba, 3 de enero de 2019.- El Sindicato de Enfermería, SATSE, considera insuficiente la subida salarial aprobada por el Gobierno para los empleados públicos, entre ellos, las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas del Sistema Nacional de Salud, y sigue reclamando un aumento de, al menos, un 6 por ciento, en 2019 para paliar en parte la pérdida de poder adquisitivo experimentado desde el pasado 2010.
Tras la aprobación de un incremento salarial general para los empleados públicos del 2,25 por ciento en 2019, SATSE critica la deficiente apuesta del Gobierno por mejorar las condiciones laborales de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas que trabajan en el sistema sanitario público después de muchos años de sufrir especialmente los recortes realizados en sus derechos laborales y profesionales.
“Somos conscientes de que no se puede aprobar una subida salarial que en solo un año permita recuperar el 30 por ciento de poder adquisitivo que han sufrido los profesionales de Enfermería y Fisioterapia en los últimos años, pero acordar un incremento del 2,25 por ciento no se acerca ni de lejos a las lógicas expectativas de todos ellos y ellas”, afirman desde la organización sindical.
El Sindicato viene defendiendo desde hace meses que se apruebe una primera subida salarial de, al menos, el 6 por ciento en 2019 y que se acuerden posteriores incrementos que permitan a las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas recuperar de manera progresiva, pero no muy dilatada en el tiempo, el poder adquisitivo perdido.
Otra demanda laboral que, una vez finalizado 2018, sigue pendiente de generalizarse en todo el Estado es la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales. Al respecto, los representantes del Sindicato de Enfermería siguen defendiendo en las diferentes mesas y órganos de negociación, tanto a nivel estatal como autonómico, que la vuelta a las 35 horas semanales se haga efectiva en todas las comunidades autónomas.
“Transcurrido cerca de un año desde el acuerdo por el que se abría la puerta a la recuperación de la jornada de las 35 horas, alguna CC.AA. ha dado el paso pero decenas de miles de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas que trabajan en el sector público continúan sufriendo un recorte que perjudica su situación personal y la atención que se presta a los ciudadanos”, señalan desde la organización sindical.
SATSE recuerda que la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales tiene como consecuencia el aumento de las plantillas de profesionales, lo que redunda en unos cuidados y atención sanitaria más segura y de mayor calidad, además de mejores condiciones laborales para las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas.
Asimismo, el Sindicato de Enfermería reclama a las distintas administraciones sanitarias públicas que acaben con determinados agravios laborales que perjudican a las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, y que suponen no tratar de manera justa e igualitaria a todos los profesionales del sistema sanitario público español.
Uno de ellos es que las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas siguen siendo reconocidos a nivel profesional dentro del subgrupo A2, algo que no les corresponde por su formación académica de Grado. La organización sindical defiende que no haya subgrupos (A1 y A2) y que los profesionales de Enfermería y Fisioterapia formen parte del Grupo A, sin ningún tipo de distinción con otros profesionales sanitarios porque todos son Grado, tal y como ya ocurre con periodistas y psicólogos.
De igual manera, SATSE rechaza que otros profesionales sanitarios cobren en torno a 800 euros más al mes por comprometerse a trabajar de manera exclusiva para el sistema sanitario público, algo que no sucede con las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, a los cuales se les niega tal posibilidad siendo obligados a firmar un documento por el que declaran que no trabajan en otro lugar que pudiera generar incompatibilidad.
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