El servicio de orientación jurídica penitenciaria que financia íntegramente la Consejería de Justicia e Interior atendió en 2017 a 3.153 reclusos en las prisiones de Andalucía, según el balance de una prestación que dispensan 1.128 abogados en esta comunidad.

Esta prestación facilita a la población reclusa asesoramiento gratuito sobre cuestiones del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o sobre los requisitos de acceso a la asistencia jurídica gratuita general.

La Junta ha abonado entre 2015 y 2017 un total de 319.953 euros por la asistencia que ofrecen los letrados en los centros penitenciarios de la comunidad autónoma, cumpliendo así el compromiso adquirido en el convenio firmado con el Ministerio del Interior y los colegios de abogados para este servicio.

De esta asistencia se encargan letrados especialistas en materia penitenciaria que se desplazan a las prisiones para prestar la orientación jurídica en unas horas y días fijados por la dirección de cada centro, lo que contribuye a mejorar también la convivencia en los centros penitenciarios andaluces y a favorecer su reinserción social.

La prestación forma parte de un convenio firmado en marzo de 2015 por la Junta con el Gobierno central, como responsable de las políticas penitenciarias, y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, con una vigencia de tres años prorrogables. Está previsto renovar próximamente este convenio para garantizar la continuidad de un servicio al que se ha asignado una partida de 136.000 euros en los presupuestos de Justicia e Interior para este año, en el que se incluirá, además, el centro penitenciario de Archidona (Málaga), abierto el pasado mes de febrero.