La gestión de las fianzas por arrendamiento de viviendas y para uso distinto del de vivienda se ha incrementado en los últimos cinco años en Andalucía un 50%, pasando de los 40 millones de euros depositados en 2013, a los 60,2 millones que se registraron a finales del ejercicio de 2017, según los datos de la Consejería de Fomento y Vivienda, competente en esta gestión.

La Consejería asumió la gestión de estas fianzas a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), en aplicación de la Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, norma que supuso el traspaso de las funciones en esta materia a este departamento del Gobierno andaluz.

La gestión de estas fianzas por la Administración autonómica es clave ya que aportan seguridad y refuerzan las garantías de arrendatarios e inquilinos. Pero además, las fianzas depositadas suponen una fuente de recursos públicos importante para avanzar en las políticas sociales de vivienda de la Junta de Andalucía.

Desde que la Consejería asumió tal tarea se viene planteando como objetivo el incremento, a corto y medio plazo, del volumen de depósitos constituidos. Para ello, se trabaja para hacer cumplir a la ciudadanía la obligación legal establecida por la ley 8/1997, y con ello se pretende ir reduciendo la economía sumergida relacionada con estas fianzas, al tiempo que se generan recursos presupuestarios cuyo destino es mejorar la gestión que lleva a cabo la Junta de Andalucía en sus políticas sociales de vivienda destinadas a apoyar a las familias con menos recursos.

La gestión integral de las fianzas abarca tareas de tramitación del preceptivo depósito en los contratos de arrendamientos y suministros, control y registro de los depósitos y las actuaciones ligadas a la inspección y tramitación de las correspondientes sanciones. Todo ello respecto a los dos tipos de fianzas que existen: las de régimen general para los contratos de alquiler de vivienda o de uso distinto a vivienda, y las de régimen concertado para las empresas que suministran agua, gas y electricidad y para arrendadores cuyas fianzas superen los 30.000 euros.

Los resultados de la gestión de fianzas de régimen general desde 2013 arrojan un notable incremento cifrado en 17,2 millones de euros, pasando de 29,6 millones depositados durante 2013 a los 46,8 millones de euros registrados el pasado año 2017. Ello supone un incremento del 58,4%.

En el régimen concertado, las cifras a nivel regional también han registrado un notable aumento, del 27,6%, pasando de los 10,4 millones depositados en 2013 a 13,4 millones el pasado ejercicio 2017. Cabe indicar que cada contrato de suministro (agua, electricidad y gas) implica el depósito de una fianza.

La gestión de esos depósitos en el régimen concertado se ha centrado durante estos cinco años, fundamentalmente, en la informatización de todos los contratos de cada concierto, tarea que no se había realizado con anterioridad a 2014. También se han puesto al día los saldos de las fianzas acumuladas depositadas por los titulares de los conciertos, mediante un trabajo que está ya concluido.