El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado que la Junta “pilotará” el procedimiento de búsqueda del poeta Federico García Lorca desde el “rigor” y siguiendo los procedimientos que establece la Ley de Memoria Histórica y Democrática para los restos de víctimas de la guerra civil y la dictadura. Así lo ha manifestado en declaraciones a la cadena SER, tras las informaciones aparecidas que apuntan a que los restos del poeta podrían encontrarse en un parque de Alfacar (Granada).
Jiménez Barrios ha hecho hincapié en que, una vez que se recibe la petición formal y documentada, se reúne una comisión técnica de expertos que valoran “cualquier indicio, que tenga un sentido de parecer verdad, habrá que comprobarlo. Y es lo que va a hacer la Junta con la prudencia necesaria”, apostilló.
La administración andaluza actúa en virtud de unos procedimientos para intervenir en fosas, regulados a partir del Decreto 334/2003, la Orden de 7 de septiembre de 2009 y en última instancia la propia Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Estas establecen que las actuaciones se inicien tras la petición de ayuntamientos, familiares o asociaciones memorialistas, y se valoren por un Comité Técnico de Coordinación integrado por representantes de entidades memorialistas andaluzas, Instituto de Medicina Legal, Universidad, así como profesionales de la arqueología y la antropología. Cuentan además con un trámite de audiencia pública mediante publicación en el BOJA, al que sigue la autorización de la Junta y el inicio de los trabajos que podrían incluir desde una fase previa de indagación.
Jiménez Barrios ha recordado que ya se han desarrollado diversas intervenciones en el entorno, que han contado con testimonios e informes, y todas ellas han tenido resultado negativo.
Finalmente, ha destacado que la experiencia de la Junta en la materia, teniendo en cuenta que desarrolla desde hace 15 años intervenciones en fosas a partir de procedimiento científico, habiéndose culminado más de un centenar de actuaciones, y que bajo el objetivo de dar justicia y reparación a las víctimas y a sus familiares, han permitido la recuperación de en torno a 4.100 cuerpos. Para ello ha querido reconocer la labor de colaboración de ayuntamientos, diputaciones, asociaciones memorialistas, universidades y equipos técnicos de reconocida solvencia.
En lo que llevamos de legislatura, las intervenciones de indagación e investigación histórica, localización y delimitación de fosas, exhumación y estudio antropológico de los cuerpos y en última instancia las labores de estudio genético, han superado ya las 40, permitiendo la recuperación de más de 450 cuerpos, y consolidando a Andalucía en su posición destacada en el desarrollo de políticas públicas de memoria en el conjunto del estado español.
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