El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado el “impulso político y económico” que ha dado la Junta a la Memoria Histórica y Democrática cuando se acaba de cumplir un año de la aprobación de la ley que regula la materia. En comisión parlamentaria, el vicepresidente ha subrayado “el impulso político y realce institucional” que ha supuesto situar a esta materia en la Consejería de la Presidencia “lo que garantiza una mayor coordinación y transversalidad” a sus acciones y también “el impulso económico que ha tenido su plasmación real en el Presupuesto para 2018, el primero aprobado tras la entrada en vigor de la ley”.
En este sentido, ha recordado que las partidas presupuestarias destinadas a esta política se han incrementado en un 73%, al haber pasado de 668.000 euros para 2017 a 1.156.000 euros para 2018, y que tan solo para intervenciones en fosas se han incrementado estos recursos en más de un 150%, “lo que refleja, sin duda, nuestro compromiso con la recuperación de la memoria”, ha indicado.
En su intervención, el vicepresidente ha desgranado los pasos que se han dado para garantizar el pleno desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y ha adelantado los próximos que se darán como la aprobación del proyecto de decreto por el que se crea y regula el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Según ha indicado, este órgano colegiado consultivo y de participación “es una pieza clave de todo el ulterior desarrollo reglamentario de la ley, ya que entre sus funciones está la de informar preceptivamente las propuestas de disposiciones reglamentarias relacionadas con el desarrollo de la misma” y ha valorado que, en su seno se pondrá en marcha la Comisión de la Verdad, como marca la ley.
Por otra parte, ha avanzado que se ha iniciado la tramitación del decreto sobre Símbolos y actos contrarios a la memoria histórica y democrática de Andalucía, que “fijará el procedimiento para llevar a cabo la retirada de estos con todas las garantías, adelantándonos a las demás comunidades autónomas”. A este respecto, ha indicado que la Consejería de Educación ha creado una comisión técnica de expertos que concluirá con la tarea de identificación y de eliminación ya iniciada.
Asimismo, ha indicado que también está avanzado el decreto que regula el Registro de entidades de memoria democrática de Andalucía que se encuentra en el preceptivo trámite de consulta pública previa a la elaboración de normativas. Jiménez Barrios también ha recordado el acuerdo de Consejo de Gobierno para la formulación del Plan Andaluz de Memoria Democrática, cuya propuesta inicial ha sido consensuada con las consejerías involucradas, y que detallará con carácter cuatrienal los objetivos, estrategias y acciones de la política de Memoria Democrática a desarrollar por el Gobierno andaluz.
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