A nivel nacional las cifras recuerdan que la tasa de pobreza y exclusión se sitúa en el 26,6%, un número muy superior en Andalucía, donde el 37,3% de la población (más de 3,1 millones) se encuentra en riesgo de pobreza según la tasa Arope, el indicador armonizado que mide la pobreza y la exclusión social en el ámbito europeo. Un indicador que en Andalucía es 10,7 puntos porcentuales superior a la media del conjunto nacional, que solo es más bajo en Extremadura y Canarias es la tercera más elevada de todas las regiones, sólo es inferior en Extremadura y Canarias, y se mantiene 5,7 puntos porcentuales por encima de la que registraba en el año 2008.
Para hacer frente a esta situación, EQUO ha vuelto a hacer un llamamiento por la implantación de una Renta Básica Universal (RBU) como forma de garantizar los derechos de todas las personas y que no se permita la existencia de rentas por debajo del umbral de la pobreza. La RBU se perfila, para el partido verde, como “una medida para atajar la escasez de trabajo, que conllevaría reducir la pobreza y la desigualdad, así servir de base para construir derechos humanos y tener un desarrollo sostenible”.
Desde EQUO Andalucía Verdes consideramos así fundamental seguir trabajando por una Renta Básica Universal queviene contemplada en nuestro Estatuto de Autonomía y que ha de ser entendida como un ingreso individual, incondicional, universal e irrevocable que deben recibir todas las personas por su condición ciudadana, y que aportaría libertad y seguridad, lo que permitiría dignificar el trabajo y la vida de la gente.
Por otro lado, proponemos reformar la Ley de reordenación integral del sistema de prestaciones de la Seguridad Socialcon el objetivo de mejorar su cobertura, y establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección (prevención y promoción), para acabar con los vacíos que se detectan en el actual sistema para todos los colectivos, con especial mención a los menores; y demandamos una reforma más justa del sistema fiscal para los colectivos vulnerables y la introducción de impuestos verdes, como complemento y refuerzo al sistema actual basado únicamente en el rendimiento de trabajo.
Una de las medidas imprescindibles es eliminar el cómputo de doble pagador en aquellos casos de personas que durante el año fiscal combinan prestación y contratos temporales o parciales o van alternando contratos de trabajo y prestación de desempleo. Estas personas reciben un trato fiscal desigual respecto a aquellas que tienen un trabajo estable con un único pagador que, por su renta, están exentas de declarar. Asimismo, desarrollar una verdadera fiscalidad verde contribuirá a favorecer las actividades medioambientalmente más sostenibles y penalizará el desarrollo de las más contaminantes, desde un amplio abanico de sectores como la construcción, la gestión de residuos, las reparaciones o el transporte.
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