El director general de ASAJA-Andalucía, Vicente Pérez, ha comparecido ante la Comisión de Agricultura del Parlamento de Andalucía y ha manifestado que “la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía no es necesaria, no ha sido pedida por el sector y supondrá un aumento de la burocracia en un sector “sobrerregulado” que necesita justo lo contrario, más simplificación”.

El director general de ASAJA-Andalucía ha indicado a los grupos parlamentarios que, si no modifican profundamente la Ley en la fase de enmiendas, no contarán con el respaldo de los agricultores y ganaderos.

Así ASAJA-Andalucía, que ha estado muy activa en toda la fase de tramitación, insta a retirar en esta fase de enmiendas parlamentarias al menos tres artículos (Art. 29, 32 y 42) y a revisar el régimen sancionador para no incurrir en una doble o triple imposición de sanciones.

Vicente Pérez ha censurado el carácter expropiatorio y confiscatorio de la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía (art. 29 y 42) y ha rechazado la implantación de los contratos territoriales (Art. 32), figura fallida contraria a la simplificación normativa tan demandada por todos los agricultores y ganaderos.

Respecto a los contratos territoriales, ASAJA-Andalucía mantiene que deberían eliminarse, pues no aportan nada más allá de los compromisos y obligaciones que todos los agricultores y ganaderos tienen asumidas por la normativa en vigor. Su implantación supondría mayor complejidad burocrática en unos momentos en los que la simplificación sigue siendo un objetivo a alcanzar en la gestión de la PAC. Los contratos territoriales, que a modo de prueba se han implantado en otros países de Europa, han fracasado estrepitosamente, de hecho, Francia dio marcha atrás y los retiró.

Tal como ASAJA-Andalucía ya trasladó a la Consejería de Agricultura y como el propio Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A) recogió en su dictamen sobre el proyecto de Ley, el artículo 29 referido a las zonas de especial protección agraria “presenta una regulación imprecisa (…) con conceptos jurídicos indeterminados, tan vagos en su formulación, que generan un espacio de discrecionalidad próxima a la arbitrariedad”. Una crítica que el dictamen aprobado por unanimidad en el CES extiende también a los planes de protección de zona agraria, de los que afirma que “presentan un contenido prohibitivo, en lugar de articular mecanismos de fomento dirigidos al mantenimiento, la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones”.

Vicente Pérez denunció en su comparecencia que “resulta gravísimo que la nueva Ley, amparándose en estas denominadas zonas de protección agraria pretenda prohibir determinados aprovechamientos o limitar la capacidad productiva de los agricultores, lo que supone un ataque a la libertad de empresa, consagrada en el artículo 138 de la Constitución, por lo que nos preocupa especialmente este carácter confiscatorio y expropiatorio que recuerda a la vieja Ley de Reforma Agraria”.

En la misma línea ASAJA-Andalucía rechaza el concepto de infrautilización del suelo, un concepto que el dictamen del CES reconoce que “genera inseguridad jurídica, dada la vaguedad de los conceptos que contiene”. Tal como el propio CES afirma “el anteproyecto carece de una definición de suelo en proceso de degradación sin que exista ninguna norma que defina este concepto”.

Respecto al régimen sancionador, el director general de ASAJA-Andalucía pidió su revisión, puesto que tal como el dictamen del CES recoge (en coincidencia de nuevo con las alegaciones de ASAJA-Andalucía) los incumplimientos referidos en la Ley ya están sancionados por la Política Agraria Común, por lo que con estas nuevas sanciones se incurriría en una doble o incluso una triple sanción, lo que vulnera el principio de “non bis in ídem” puesto que la misma infracción no puede tener una doble sanción.

El director general de ASAJA-Andalucía ha enunciado algunos de los aspectos más importantes que los agricultores echan en falta. Vicente Pérez ha lamentado que la Ley no ofrezca un apoyo expreso al incremento de las superficies de regadío con el agua ahorrada, que carezca de un régimen de apoyo público expreso a las organizaciones profesionales agrarias, que no reconozca el agroturismo como una actividad agrícola complementaria, que se invente un supuesto catálogo andaluz de buenas prácticas agrícolas (innecesario a todas luces por cuanto ya contamos con una normativa nacional muy clara) y que no ofrezca un compromiso legal claro y expreso en el incremento del apoyo al seguro agrario.

Por último, Vicente Pérez ha reiterado a los representantes de los grupos políticos en la Comisión de Agricultura del Parlamento de Andalucía que, mientras se mantengan los tres artículos citados (Art. 29, 32 y 42) y el actual régimen sancionador, ASAJA-Andalucía continuará combatiendo la Ley en todos los ámbitos de actuación en beneficio de todos los agricultores y ganaderos andaluces.