La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha propuesto en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, un acuerdo nacional por la dependencia y que la Ley de Dependencia vuelva al Congreso. De hecho, ha indicado, Andalucía «incrementará un diez por ciento» el presupuesto destinado en estos momentos al sistema de apoyo a personas dependientes, «ya que si en plena crisis hemos mantenido a pulmón este pilar del Estado del bienestar, ahora hay que dar un paso más en la calidad».
La consejera ha reafirmado que desde el Gobierno andaluz «se tiene la firme voluntad de preservar, proteger y fortalecer el sistema de atención a la dependencia. Por eso hemos hecho de nuevo un llamamiento al Gobierno central para que no mantenga su asfixia económica a las comunidades autónomas ni siga aprobando normas que perjudiquen a las personas beneficiarias ni a sus familiares».
Sánchez Rubio ha criticado que «se ha reducido la intensidad de los servicios, se ha eliminado la compatibilidad, se están penalizando las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y se ha eliminado la financiación a golpe de decretazo».
La máxima responsable de las políticas sociales en Andalucía ha recordado que «según el último dictamen de la asociación estatal de directoras y gerentes en servicios sociales, Andalucía es la comunidad autónoma más perjudicada por los recortes en la financiación del Sistema de Dependencia por parte del Gobierno central, debido a la supresión del nivel acordado y el recorte del nivel mínimo (13%) aprobado mediante Real Decreto Ley 20/2012».
Estos recortes, han continaudo, «han hecho que la comunidad autónoma andaluza haya dejado de recibir del Gobierno central más de 400 millones de euros en los últimos años, una cantidad que hubiera permitido en la práctica atender a todas las personas que actualmente están pendientes de recibir prestaciones o servicios en Andalucía, e incrementar sustancialmente el desarrollo del sistema».
En la actualidad, la Junta está haciendo frente «prácticamente en solitario a la financiación de la misma, asumiendo casi el 80% total del gasto», cuando la aportación según la propia ley debería ser equitativa al 50%. En este sentido, Sánchez Rubio ha recordado que en los presupuestos de este año la Junta destina a la dependencia un total de 1.131 millones (unos 3 millones al día), casi igual que el Gobierno de España para todo el país (1.200 millones).
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