La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, ha presentado esta mañana el proyecto de Ley de Garantías y Sostibilidad del Sistema Sanitario Público Andaluz. En su intervención, Luna ha señalado que “este proyecto blindará la sanidad pública andaluza”. En esta línea, la delegada ha recordado que el pasado mes de diciembre el Consejo de Gobierno aprobaba el proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad y posteriormente, en el mes de marzo, superó el debate a la totalidad en el Parlamento. La futura norma está siendo ahora analizada por la Comisión de Salud. Esta ley blinda la sanidad pública y garantiza el derecho a la protección de la salud.

La delegada ha explicado que se trata de una norma pionera en España con la que la Junta de Andalucía persigue blindar la sanidad pública y asegurar los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad en el acceso a las prestaciones a cualquier persona que necesite asistencia sanitaria, especialmente los colectivos más vulnerables. El objetivo, según Luna, “es proteger el sistema sanitario público ante situaciones de crisis o tentativas de desvirtuar su carácter público, y prepararlo para dar la mejor respuesta ante retos como los derivados del envejecimiento de la población y la cronificación de muchas enfermedades”.

En esta línea, la delegada ha apuntado la necesidad de abrir un debate nacional y alcanzar un Pacto de Estado que garantice la sostenibilidad de nuestra sanidad y asuma los principios que deben ser irrenunciables: la universalidad, la equidad, la solidaridad, la calidad y la accesibilidad; la financiación pública mediante impuestos generales progresivos, la provisión pública y la cohesión territorial.

Así, la delegada ha señalado que la futura Ley “puede ser la base para blindar los derechos y garantías, ya que se vincula con la Constitución española que, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, así como con el Estatuto de Autonomía de Andalucía el cual, en su artículo 22, garantiza este derecho mediante un sistema sanitario público de carácter universal”. En relación a este fin, la delegada ha recordado que la necesidad de “defender de manera clara y contundente la universalidad de la sanidad pública, su sostenibilidad y la necesidad de blindarla ante las tentaciones de privatizaciones y ataques por parte de sectores interesados».

Concretamente, según Luna, la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 quebró la universalidad, excluyendo a personas que residen en España de la cobertura sanitaria. Además, supuso la implantación de un régimen extendido de copagos para todos los ciudadanos, y el paso por tanto de un sistema de cobertura universal a un sistema de aseguramiento, lo que supuso un retroceso del sistema sanitario público. Con este Real Decreto, se han quebrado algunos de los principios que no se habían puesto en cuestión por ningún gobierno, como los recogidos en la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986, y de la Ley General de Salud Pública de 4 de octubre de 2011.

Política de mejora constante

El proyecto de ley se enmarca, según ha detallado Luna, en la política de constante refuerzo del sistema sanitario público que la Junta ha mantenido desde la asunción de las competencias de salud en 1984. Para este ejercicio, el presupuesto dedicado a salud alcanza los 9.304 millones de euros, 479,3 más que en 2016, lo que supone que 1 de cada 3 euros se destinen a sanidad en las cuentas autonómicas.

Este esfuerzo inversor, señala, “permite situar a la sanidad pública andaluza como un referente nacional e internacional en aspectos asistenciales y de investigación, así como en derechos sanitarios”. La sanidad pública andaluza garantiza, entre otros derechos, la atención bucodental gratuita para menores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad; el acceso gratuito a medicamentos y productos sanitarios para todos los menores de un año; el examen de salud anual para los mayores de 65 años; la segunda opinión médica; la voluntad vital anticipada, el consejo genético preimplantatorio, etc.

En materia de investigación, Luna ha puntualizado que Andalucía cuenta con una de las mayores redes de recursos y estructuras adscritas, con cuatro institutos de investigación sanitaria, cuatro centros temáticos de investigación, un biobanco en red y dos laboratorios especializados. Por otra parte, la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas es un referente nacional en la investigación de enfermedades que carecen de tratamientos eficaces, como la diabetes y la esclerosis múltiple. Actualmente desarrolla 25 de ensayos clínicos a través de los programas: Terapia Celular y Medicina Regenerativa; Genética Clínica y Medicina Genómica, y Nanomedicina.

Por último, la delegada ha explicado que el Servicio Andaluz de Salud es actualmente la primera entidad española en el sector de salud en número de patentes biosanitarias. También se ha incrementado la producción científica y su impacto en un 21% entre 2012-2015, así como la participación en proyectos internacionales y los estudios clínicos realizados en centros sanitarios públicos.

Contenido de la Ley

En su título I, están recogidas las garantías del sistema sanitario público, como son la perdurabilidad en el tiempo de los beneficios de la sanidad pública, obligando al mantenimiento y funcionamiento de los servicios, a su financiación y naturaleza públicas. También deberán garantizarse por la Administración los principios que inspiran la ley, tales como el pleno respeto a los derechos humanos, la mejora del bienestar de las personas, la universalidad, la igualdad, la equidad y la superación de las desigualdades territoriales y sociales en la prestación sanitaria, la participación social, la calidad y la concepción integral de la salud, entre otros.

Asimismo, se garantizarán derechos básicos recogidos en la normativa autonómica y estatal, incluyéndose aquellos con los Andalucía ha sido pionera, como son la libre elección de médico, la segunda opinión médica, la declaración de la voluntad vital anticipada, la muerte digna, el consejo genético, la no discriminación por motivo de identidad de género, etc.

En este título es muy importante la garantía que se establece para acceder a la cartera de servicios complementaria de la comunidad autónoma sin copagos. Asimismo, en aquellas prestaciones de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud donde se prevea una aportación económica por parte de la población, la futura ley andaluza establece que se arbitrarán las medidas necesarias para minimizar su impacto y que, en ningún caso, pueda existir una persona excluida de una prestación por razones económicas.

Las medidas en torno a la sostenibilidad se articulan en el título II y se dirigen a asegurar la viabilidad del sistema en las vertientes económica, social, ambiental y del conocimiento, la investigación y la innovación. En la económica, se establece la Estrategia de Gestión del Sistema Sanitario Público como una herramienta clave para realizar, cada cuatro años, un análisis de la situación de la sanidad pública andaluza, y diseñar nuevas líneas directrices, siempre orientadas a obtener los mejores resultados y con una previsión de financiación estimada. Asimismo, se incluirán en esta estrategia, que deberá aprobar el Consejo de Gobierno, mecanismos de seguimiento y evaluación.

La futura ley garantizará el desarrollo de medidas de uso racional del medicamento, como la prescripción por principio activo, el uso de alternativas terapéuticas más eficientes y la optimización de la selección, adquisición y utilización de los fármacos en todos sus centros. De igual modo, se podrá seleccionar, mediante procedimientos de convocatoria pública, los medicamentos y productos sanitarios que se dispensan en oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo. Las medidas de formación y promoción de la salud entre la población, para evitar el consumo innecesario de fármacos, y la transparencia en las relaciones de la industria farmacéutica con los profesionales y el sistema sanitario son también aspectos muy importantes.

Igualmente, se determina que la compra de bienes y servicios tendrá que atender a criterios de homogeneidad a través de estructuras integradas como las centrales de compras provinciales y regional. Por último, se contempla que la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias se hará en función de la evidencia científica y con garantías de carácter ético, clínico y social, con el objetivo de asegurar que toda la población andaluza tenga acceso a las mismas.

En la sostenibilidad social son elementos clave la equidad, la orientación a resultados en salud, el necesario diálogo con la sociedad, la calidad, la eficiencia y la ética, entre otros. Se incluyen medidas de prevención y promoción de la salud, mejora de la gestión clínica, fortalecimiento de las relaciones interprofesinales y coordinación entre los servicios sociales y sanitarios. También se tienen en cuenta medidas de prevención y promoción de la salud, de gestión abierta, transparente y participativa. La atención a la cronicidad también se aborda en este capítulo, promoviendo un modelo proactivo de atención, con el equipo de atención primaria como agente activo para ofrecer una asistencia de calidad e integral en todas las etapas de la vida.

El texto se completa con las medidas de sostenibilidad ambiental reguladas en el capítulo IV, principalmente a través de la actualización de la Estrategia de Gestión Ambiental y Energética y la implantación de planes que minimicen los impactos de la actividad diaria de los centros sanitarios.

En el capítulo V se aborda la sostenibilidad del conocimiento, la investigación y la innovación, haciendo hincapié en que los resultados de la I+D+i incidan directamente en la calidad y la eficiencia del sistema sanitario y en el desarrollo social y económico de la comunidad autónoma. En este último ámbito se incluye la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud, que contendrá las líneas prioritarias de investigación de acuerdo con los problemas más prevalentes de salud en Andalucía, la previsible evolución de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas y la estimación del compromiso presupuestario anual en esta materia. Se impulsará igualmente la carrera investigadora, asegurando la existencia de una masa crítica estable. Por último, se impulsará y facilitará la formación continua y de excelencia de los profesionales, a través del Plan Integral de Formación, para contribuir a la mejora continua de los resultados en salud de la población, además de alcanzar las metas de desarrollo profesional.