La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha garantizado que el presupuesto andaluz para 2015 va a seguir situando la “igualdad en primera línea de la agenda política”, en contraste con los recortes del Ejecutivo central, que acumula un 22% de descensos en prevención de violencia de género y un 33% en políticas de igualdad en los dos últimos años.
Susana Díaz, que ha presidido el pleno del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), ha considerado que “los gobiernos tenemos que comprometernos con la igualdad” porque “estamos en un momento clave de la crisis” en el que hay que “redoblar esfuerzos” para evitar la “feminización de la pobreza”.
Por eso, además de reafirmar la apuesta de la Junta en igualdad para el año 2015, la presidenta ha reclamado al Gobierno central que corrija en el trámite parlamentario los recortes del anteproyecto de Presupuestos tanto en materia de igualdad como en la lucha contra la violencia machista.
En ese sentido, Susana Díaz ha pedido al Ejecutivo la retirada de la reforma local, que amenaza los Centros de Información a la Mujer porque “necesitamos de un compromiso firme con las mujeres en los núcleos rurales” para que no se “ahonde la brecha” de la desigualdad con respecto a las zonas urbanas.
“Si ha llegado el momento de rectificar decisiones erróneas, que se rectifique la reforma local al igual que se ha hecho con la ley del aborto”, ha afirmado la presidenta.
Susana Díaz ha explicado que el cierre de los Centros de Información a la Mujer supondría “dejar fuera del sistema a miles y miles de mujeres en toda Andalucía”. Por ello, la Junta va a mantener su apoyo a estos dispositivos y ha solicitado a los ayuntamientos que “hagan el mismo esfuerzo”.
Díaz ha anunciado también en su discurso que el Consejo de Participación de las Mujeres, que representa a más de 2.000 asociaciones de la comunidad, va a evaluar a partir de ahora los distintos planes que ponga en marcha el Gobierno andaluz, en su calidad de órgano consultivo del Gobierno andaluz en el terreno de la igualdad.
La presidenta ha hecho hincapié en la necesidad de que las mujeres jóvenes “se impliquen” en la lucha por sus derechos, para “defender los derechos conseguidos y las libertades que siguen estando en peligro” y también para que sean “protagonistas” del futuro del país.
Susana Díaz ha valorado también la retirada por parte del Gobierno de la reforma de la Ley del Aborto, una reforma “injusta” que retrotraía “treinta años atrás”. No obstante, ha lamentado que “el derecho a decidir de las mujeres esté al socaire de las encuestas que se manejan en el Consejo de Ministros”, un hecho que, por sí mismo, “supone que queda mucho camino por recorrer” en la lucha por la igualdad.
Análisis de la retirada de la Ley del Aborto
En su reunión, el Consejo de Participación ha evaluado que la retirada de la reforma de la Ley del Aborto es una victoria social, especialmente del movimiento asociativo de mujeres, que durante meses ha reivindicado y luchado contra una reforma injusta, ya que el Gobierno central pretendía acabar con el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y sobre su propio cuerpo.
El CAPM también ha señalado que la decisión estatal responde a la demanda de la mayoría social, que rechazaba una reforma legislativa totalmente innecesaria y peligrosa para la salud y la libertad de las mujeres.
El pleno de este órgano consultivo ha conocido igualmente los últimos datos disponibles de interrupciones voluntarias del embarazo en Andalucía, correspondientes al año 2013. En ese periodo, con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo del año 2010 en vigor, el número de abortos se redujo en un 11% con respecto a 2012.
En el caso de las mujeres de menos de 20 años, el número de abortos descendió un 19% en 2013 con respecto al año anterior. Asimismo, un 92% de las menores que interrumpieron su embarazo en Andalucía fueron acompañadas por su padre o madre y en el resto de los casos fueron mayoritariamente acompañadas por algún otro familiar.
Estos últimos datos reflejan que no es necesaria la modificación puntual anunciada por el Gobierno central para impedir la posibilidad, recogida en la actual ley, de que las menores a partir de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno. En este sentido, el Código Civil (título XI) otorga capacidad a las mujeres de 16 años para casarse, emanciparse y mantener relaciones sexuales como adultas. Asimismo, la Ley de Autonomía del Paciente, en su artículo 9, da plena capacidad de actuación a menores emancipados o que hayan cumplido 16 años.
En todos los tramos de edad, el balance refleja que la normativa vigente está permitiendo un descenso del número de abortos, además de proteger los derechos de las mujeres y su capacidad de decisión, gracias a que incluye ámbitos como la educación sexual y reproductiva y la promoción de la salud.
Por tanto, la mejor forma de reducir las tasas de abortos es a través de una normativa que garantice una adecuada educación sexual y reproductiva y una atención sanitaria segura a las mujeres, como la ley actual, que sigue la línea de la legislación internacional de la ONU y la UE y las recomendaciones de los organismos expertos, como la OMS.
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