Cruz Roja ha organizado para los próximos 8 y 9 de mayo en la Diputación de Córdoba unas jornadas sobre detección e intervención con víctimas de trata de seres humanos, en la que se darán cita profesionales tanto de instituciones públicas como de organizaciones sociales que se enfrentan en su trabajo diario a este fenómeno.

Así, en el seminario tomarán parte, entre otros, representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Defensor del Pueblo, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el Instituto Andaluz de la Mujer, el Servicio de Protección de Menores de la Junta, la Fiscalía de Menores y la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional.

De igual modo, en el congreso participarán profesionales de organizaciones conocedoras e implicadas de una u otra forma en la lucha contra esta realidad, como son los casos de Caminando Fronteras y Proyecto Esperanza.

Financiadas por el Fondo Social Europeo y la Secretaría General de Emigración e Inmigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las jornadas arrancarán con una introducción general al fenómeno migratorio y a la trata de seres humanos, para a partir de ahí ahondar en cuestiones más específicas, tales como los instrumentos de protección existentes para las víctimas y los menores a su cargo, el papel de las entidades sociales en la detección acompañamiento y protección o las claves culturales de las víctimas subsaharianas.

Al ser la trata de seres humanos un fenómeno global y multidimensional, requiere de respuestas coordinadas entre todas las personas e instituciones implicadas, por lo que citas como esta “suponen una ocasión estupenda para aunar criterios y líneas de trabajo que nos permitan acabar con la desprotección que sufren estas mujeres y los menores que las acompañan”, apunta Antonio Rivera, presidente provincial de Cruz Roja.

Según cálculos policiales, la trata mueve al día 5 millones de euros en dinero negro y alrededor de 12.000 mujeres estaban en riesgo de sufrir explotación en 2012, lo que da una idea de la magnitud del problema.