La vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular de Córdoba y parlamentaria andaluza, Rafaela Obrero, ha lamentado que el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2015 recorta casi 200 millones de euros en materia de políticas sociales y sanitarias. “Esa es la doble cara de un gobierno que por un lado predica con las políticas sociales pero que no las acompaña con financiación suficiente para aplicarlas y desarrolladas”, dice.

Según Obrero, “estamos ante los presupuestos de la resignación y la frustración en políticas sociales y sanitarias; un presupuesto que sigue incurriendo en los mismos errores, las mismas recetas fracasadas y los mismos recortes; no ponen freno a las desigualdades sociales, con lo que, de no corregirse, estos presupuestos generarán más paro y más brecha social entre los cordobeses”.

En Políticas Sociales y de Igualdad el presupuesto desciende 72,7 millones de euros.

En Dependencia, se destinan 1.110 millones de euros a la Agencia de Servicios Sociales y de la Dependencia, 27 millones de euros más que en 2014, pero al mismo tiempo se prevé atender a 32.000 beneficiarios menos. “Por la mala gestión de la Junta, desde el 2011 ha descendido el número de beneficiarios de la ley de dependencia de 190.000 a 158.000; nos gustaría saber en qué se gasta el dinero que recibe la Agencia para este fin”, se pregunta Obrero quien ha recordado que en Andalucía el 27´26% de personas dependientes están sin valorar, sin recibir prestación alguna, en la provincia de Córdoba más de 24.000 dependientes.

Así mismo, en este presupuesto baja el programa de Bienestar Social en 8´7 millones de euros, un 17´6% de recorte que afectará a la Red de Servicios Sociales Comunitarios, a las entidades locales y entidades de iniciativa social específica, como colectivos de gitanos, inmigrantes, andaluces retornados, voluntariados, etc.

Recorta también 2´4 millones de euros del Programa de Apoyo a las Familias, que incluye el Plan de Salud Bucodental, el Plan Andaluz de Alzheimer, el Plan de Atención Infantil Temprana y todas las políticas de infancia.

Reduce en 5 millones de euros la inversión en política social respecto a 2014, quedando limita en tan solo 9 millones de euros la inversión, por lo que podemos pensar que no se van a acometer obras de carácter social pendientes en nuestra provincia. “Con estos presupuestos vamos a seguir siendo los líderes de España y Europa en todos los epígrafes que denotan pobreza o exclusión social”, dice Obrero.

En política sanitaria el presupuesto desciende más de 120 millones de euros. Así, en los últimos tres años hemos sufrido un recorte de 1.390 millones en sanidad, de manera que seguimos siendo la última CCAA en gasto sanitario por habitante, 978 euros por cada ciudadano.

El programa de Atención Sanitaria se recorta en 36 millones de euros, un 7´2% menos; el programa de Salud Pública en un 4´3%, es decir 985.000 euros menos; el programa de Política de Calidad y Modernización en un 11´6%, con 3´3 millones de euros menos. “Con todos estos recortes no sabemos de dónde va a sacar el dinero para restituir los derechos del personal sanitario y devolver la paga extra a los 90.103 trabajadores del SAS, como ha anunciado la Consejería”, dice.

A esto se suma que del presupuesto del 2014 solo se ha ejecutado hasta ahora un 65%, y en el capítulo de inversiones sólo el 22%; además la Junta acumula una deuda sanitaria de 411 millones de euros con proveedores y empresas.

“Este presupuesto vuelve a enterrar proyectos sanitarios de envergadura para los cordobeses y de sobra prometidos por el PSOE, como el Chare de Palma del Rio, la ampliación del Hospital Reina Sofia de Córdoba, el Care de Priego de Córdoba, el centro sociosanitario de Lucena, los centros de salud de Puente Genil o el Huerta la Reina, o un nuevo centro de salud en Villanueva de Córdoba”, afirma.

En definitiva, estamos ante unos presupuestos de frustración, de resignación, que no van a dar cobertura a las necesidades sociales y sanitarias de la provincia de Córdoba, cuyas deudas reconocidas y no pagadas auguran que se van a seguir produciendo impagos reiterados tanto en sanidad como en política social, y que vuelven a estar sin provincializar.