Con el objetivo común de fomentar la educación, la investigación, el desarrollo y el conocimiento científico en materia de consumo, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, y el rector Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, han firmado esta mañana un convenio para impulsar las relaciones académicas y científicas entre ambas instituciones. De esta forma, a través de la Secretaría General de Consumo, se trasladarán al ámbito universitario estas políticas, y en éste se abrirán nuevas líneas de estudio como la defensa de las personas consumidoras y usuarias y la incidencia de éstas en la economía.

Valderas ha valorado de este campo de trabajo y colaboración entre la universidad cordobesa y la Secretaría general de Consumo que vaya a permitir «contar con herramientas de análisis» de la realidad de las personas consumidoras, que se han convertido en una figura clave en la actual coyuntura socioeconómica, y cuya «protección es un reto de enorme importancia para las instituciones». De ahí la utilidad de este convenio que puede, desde una visión práctica y multidisciplinar, generar conocimiento jurídico, económico y social sobre aquello que les afecta, como también puso de relieve Gómez Villamandos subrayando la experiencia de la institución cordobesa y su alta especialización en estos campos, que le permite llegar con gran aceptación sectores de la población muy específicos como es el caso de los mayores.

En este convenio, que tiene un año de vigencia y pudiendo tener prórrogas anuales, las dos partes partes acuerdan potenciar la organización y realización de acciones formativas concertadas, es decir, conferencias, congresos, seminarios y cursos, y promoverán la realización conjunta de estudios y proyectos de investigación, así como la publicación de libros y de trabajos de investigación. Cada una de estas iniciativas se canalizará a través de un acuerdo específico, en el que tendrán que ir detallados la programación de objetivos y actuaciones, así como la aportación económica necesaria para su ejecución que tendrán que invertir ambas instituciones.

Para el correcto desarrollo del acuerdo y cuantas acciones académicas deriven de él, se constituirá una comisión de seguimiento integrada por un representante de la Universidad de Córdoba y otro de la Secretaría General de Consumo.

Este convenio, según ambas partes, tiene como valor añadido el ser un «instrumento de proximidad en las provincias a fin de acercar las políticas de consumo a la comunidad universitaria andaluza», como así prueba el firmado hace ahora casi un año con la Universidad de Jaén y con anterioridad con la Universidad de Granada.