Los inquilinos del parque de viviendas públicas de la Junta de Andalucía optan ya a las ayudas al alquiler destinadas a familias especialmente vulnerables puestas en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, antigua EPSA) ha firmado el convenio para acogerse a la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, lanzada en julio por la Consejería que dirige Elena Cortés con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros. Además de AVRA ya se han adherido 14 municipios de Málaga, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. “Nuestro objetivo es paliar las carencias de las familias residentes en las viviendas públicas, en muchas ocasiones con graves problemas de desempleo y falta de ingresos”, ha señalado Fernando Herrera, director general de AVRA.

Esta iniciativa establece como requisito que las administraciones que gestionan las viviendas donde residen los inquilinos rubriquen un acuerdo con la Consejería para convertirse en agentes colaboradores y poder así solicitar y destinar estas subvenciones a las personas con necesidad habitacional acreditada. Una vez obtenida la condición de entidad colaboradora, estas administraciones tienen de plazo hasta el próximo 1 de octubre para solicitar las ayudas, orientadas a atender a familias en situación de especial vulnerabilidad con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) -unos 11.200 euros netos-, que tienen dificultades para el abono del arrendamiento. Esta subvención garantiza que el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar las rentas no supere el 25% de sus ingresos familiares.

Además de este requisito económico, los receptores deberán disponer de un informe, emitido por los servicios sociales correspondientes, donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta. Los miembros de la unidad familiar no podrán disponer de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda y no tener relación de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora del inmueble, que tampoco podrá ser su socio o partícipe.

La subvención solicitada deberá contribuir al pago de las mensualidades correspondientes al año 2014, incluso en el caso de los contratos de arrendamiento ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta convocatoria.

El nuevo programa de la Consejería que dirige Elena Cortés está financiado con fondos autonómicos y se crea ante la demora del Gobierno central para firmar el convenio de colaboración que implica el desarrollo del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana 2013-2016, que permitiría disponer en la comunidad de fondos estatales para el fomento del alquiler.

Escasos ingresos

Con independencia de otras líneas de ayudas al alquiler que se pongan en marcha a partir de la rúbrica de dicho convenio, la Consejería de Fomento y Vivienda ha desarrollado esta convocatoria con el fin de atender a las familias con limitados recursos, a quienes se garantiza el derecho humano a una vivienda digna a través del alquiler asequible. En Andalucía, el 95% de las personas demandantes de vivienda tienen ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM -unos 18.600eurosnetos- y el 60%, inferiores a una vez el IPREM -no más de 7.450euros-, lo que constata las elevadas dificultades, por tanto, para el acceso al mercado libre del alquiler.

Pero además, este programa de subvenciones contribuye a combatir el stock de viviendas protegidas que aún se encuentran vacías en la comunidad autónoma, ya que permite a las entidades públicas que mantienen viviendas cerradas sacarlas al mercado en alquiler social, en tanto que es la Consejería, a través de estas ayudas, la que completaría la diferencia entre la renta estipulada y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad puede pagar. Igualmente, con esta medida se logra erradicar los desahucios en parques públicos de Andalucía pertenecientes a ayuntamientos o entes instrumentales por motivos de impago de alquiler, ya que las subvenciones van destinadas a sufragar esas rentas.

Las administraciones públicas, los entes instrumentales dependientes de ellas y las personas jurídicas públicas con competencias en materia de vivienda, así como las entidades inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía que cuenten con declaración de utilidad pública podrán funcionar como entidades colaboradoras, siempre que tengan una bolsa de viviendas en alquiler de gestión propia destinadas a familias en situación de especial vulnerabilidad. Igualmente, deberán contar con los medios informáticos necesarios para la tramitación de estas ayudas a través del Registro Telemático Único de la Junta.

Serán dichas entidades colaboradoras las que informen sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas solicitantes y presenten en su nombre la petición de ayudas, previa puntuación de sus condiciones y las de su unidad familiar a través de los medios y formularios facilitados por la Consejería de Fomento y Vivienda. Una vez obtenida la resolución de ayuda, las entidades colaboradoras descontarán el importe de la renta mensual y, en su caso, el resto de la cantidad correspondiente para que el importe que efectivamente la persona destinataria de la ayuda no supere el 25% de sus ingresos.

Dignificación del parque público

Fernando Herrera, director general de AVRA, ha recordado que la Agencia desarrolla otras medidas con el mismo objetivo de mitigar la difícil situación económica de las familias residentes en las viviendas públicas, caso de la minoración o aplazamiento de las rentas y el alquiler compensado por trabajos comunitarios, entre otras. “AVRA gestiona más de 80.000 viviendas, en las que estamos realizando un programa de intervención física y social sin precedentes, con una tarea que combina la rehabilitación y la eficiencia energética con los programas de integración social y creación de comunidad”, ha concluido Herrera.