La Diputación de Córdoba trasladará a la Fiscalía Provincial la auditoría forense llevada a cabo a Grupo Cinco por “una serie de irregularidades encontradas, principalmente, en la gestión entre los años 1996 y 2008”, según ha informado hoy el vicepresidente primero de la institución, Salvador Fuentes, quien ha apostillado que “en caso de no hacerlo, podríamos incurrir en un delito de prevaricación por omisión. Además, este informe desvela que el proceder no ha sido el más transparente ni el más aceptable legalmente”.

El también delegado de Hacienda ha recordado que “Grupo Cinco se estructura en cinco sociedades mercantiles -Cinconor, Cincoroc, Cincores, Cincosur y Cincosurest-, en las que participa esta Diputación, que posee un accionariado que oscila entre un 23 y 37%, una fórmula con la que no nos sentimos muy cómodos, dado que no permite ejercer los mecanismos idóneos de control”.

Salvador Fuentes ha agregado que “el hecho de que ninguna de las partes tenga una mayoría de las acciones limita mucho la gestión de esa empresa y eso puede generar distorsiones y un modelo de gestión poco adecuado, porque la línea pública nos somete a criterios y metodología que la iniciativa privada tiene de otra manera”.

“Las conclusiones de la auditoría ponen de manifiesto que se pueden gestionar mejor los recursos públicos, que hay que ir a otro instrumento organizativo. Yo soy partidario de que la Diputación tenga un control más efectivo de esta empresa, porque si no puede darse el caso de que esa gestión no sea la adecuada y es una situación que no beneficia ni a la Diputación, ni a la entidad financiera perteneciente, ni al resto de los ayuntamientos integrantes del grupo societario”, ha afirmado el vicepresidente primero.

El informe recoge que hay contratación por parte del alcalde de Villafranca (1996-2001) en la elaboración de documentos técnicos vinculados a su familia; permuta del alcalde de Adamuz que son discutibles (2004-2006); aprobación de posicionamiento de proyectos por parte de Cincosur en Benamejí, Hornachuelos, Adamuz, Bujalance, Iznájar sin aprobación por órgano de administración; adjudicación a empresa de obras de urbanización en Villafranca en las que se adjudica por la Junta de Compensación con la circunstancia de que el administrador puede formar parte de la propia junta (2000); similar circunstancia en adjudicación a otra empresa de obras en suelo residencial La Vega de San Antonio en El Carpio (1999-2002); ausencia de oferta o constancia documental de la misma en la construcción de naves en el polígono industrial en Pozoblanco (2004); aprobación de gastos y facturación en concepto de honorarios a profesionales sin constancia de tramitación procedimental alguna; contratación y elaboración de un plan parcial (Montalbán) durante el mandato de anterior Alcalde (2005), concurriendo posible relación familiar y que tiene aparejado la falta del estudio de mercado de la ubicación del mismo; celebración de contratos de permutas entre propietarios y Cincosur (La Rambla) sin aprobación por los órganos de administración de la empresa (2006); facturación a un despacho de ingeniería sin contrato alguno.

Grupo Cinco es una estructura de cinco sociedades, con mayoría de capital público, en la que se integran la Diputación Provincial de Córdoba como socio fundador, una entidad financiera y 41 ayuntamientos de la provincia, dividiéndola en cinco zonas, para cada una de las cuales se crea una sociedad. Estas zonas se corresponden con ámbitos o ejes productivos, como la Autovía E-5 en la zona Este o Alto Guadalquivir (Cincores), la zona del Valle de los Pedroches y Guadiato que conectará con la futura Autovía Badajoz-Córdoba y N-502 (Cinconor), la A-431 y el Río Guadalquivir en la Córdoba Occidental (Cincoroc), el eje que supone la Autovía a Málaga en la Campiña Sur de Córdoba (Cincosur), y en el sureste las futuras autovías del Olivar y la Córdoba-Granada en pleno corazón de la Subbética (Cincosurest).