El portavoz en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía, Jesús María Ruiz, ha acusado al Gobierno de la nación de pretender aprobar un proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal, que supone un ataque grave y frontal a los derechos de las personas con enfermedades mentales.

Ruiz ha indicado que, a través de esta reforma, el Gobierno del PP pretende dar «otro paso atrás en los derechos sociales, en esta ocasión contra las personas que padecen algún tipo de trastorno mental y contra sus familias».

En su opinión, los cambios introducidos en el proyecto de reforma, favorecen el regreso de la estigmatización, la discriminación y los prejuicios sociales contra estas personas, ya que en la práctica, perjudicarían su recuperación, su integración social y el ejercicio de los derechos de ciudadanía de las personas afectadas por enfermedades mentales que vienen existiendo durante tantos años en nuestro país.

Para el parlamentario socialista el apoyo e integración que estos enfermos han tenido en el sistema sanitario público se ve ahora amenazado por un proyecto de reforma del Código Penal que pretende dar un paso atrás en el diagnóstico, abordaje profesional, tratamiento y consideración de los derechos que disfrutan las personas con problemas de salud mental.

Para Ruiz, el contenido de la reforma propuesta por el Gobierno de la nación, supone una «clara discriminación de las personas que padecen enfermedades mentales, estableciendo una asociación entre enfermedad mental y peligrosidad, favoreciendo de nuevo la estigmatización de estas personas, basándose en ideas sin fundamento científico y anacrónica».

La reforma que propone el Gobierno de Rajoy vulnera la Convención de la ONU de 2008 favorece prejuicios que podrían suponer la pérdida «preventiva» de libertad y establece medidas de seguridad prorrogables sin límite de plazos, lo que implica una «cadena perpetua» en la práctica. En resumen, el Gobierno de Rajoy pretende, con esta reforma, «encarcelar la salud mental».

Por ello, el proyecto de ley ha concitado el rechazo de gran parte de la sociedad en prácticamente todos sus ámbitos, destacando el Manifiesto suscrito conjuntamente por el Observatorio de Salud Mental de Andalucía, impulsado por la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental.