El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado hoy –con los votos a favor del Partido Popular, los votos en contra de Unión Cordobesa e Izquierda Unida y la abstención del PSOE- las ordenanzas reguladoras de tasas y precios públicos para 2015, marcadas por la congelación general e importantes novedades; una reducción del 1,5% en la tasa de tratamiento, recogida o gestión integral de residuos de Epremasa –en lugar de un 1% como se fijó en principio- y una subida en el caso de las tarifas de Emproacsa –de un 2% en el servicio de depuración y ciclo integral y un 4,5% en el suministro en alta-.
Así lo han explicado hoy el vicepresidente primero, Salvador Fuentes, y la presidenta de la Diputación de Córdoba, María Luisa Ceballos, quien ha subrayado que “la política de este equipo de gobierno durante toda la legislatura ha sido congelar las ordenanzas y en algún caso llegar hasta el IPC”.
“Tenemos un principio fundamental que ha sido el mantenimiento de las empresas públicas, lo que nos ha hecho hacer un replanteamiento para conservar su estructura y los puestos de trabajo; hemos realizado una reestructuración de Epremasa y Emproacsa para hacerlas viables cuando estaban prácticamente en proceso de liquidación o quiebra”, ha subrayado.
En esta línea se ha manifestado, también, Salvador Fuentes, quien ha destacado que “hemos cuadrado las cuentas y la situación es inmejorable, se ha humanizado la gestión y el cobro, estando muy pendientes de las familias en emergencia social y hemos congelado las tasas, la única que sube es por razones de responsabilidad política, porque tenemos que sacar adelante una empresa que es competitiva y está dando buenos resultados”.
Con respecto a las tasas de Emproacsa, el también presidente de este organismo autónomo ha explicado que “es una subida racional y muy responsable” que responde a los costes estructurales de luz, a la subida del canon fijado por la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a una bajada en el consumo de un 14,9% y una bajada de los ingresos del 12,5 %”.
En este sentido, Fuentes ha recordado que “frente a una media de subida del IPC de un 2,3%, la depuración y el ciclo integral suben un 2%, se sube por debajo del IPC”. Además, ha continuado, “el 2% se traduce en el caso de un consumo medio de 20 m3 por trimestre en 0,8 euros”.
Además, el Pleno ha aprobado una reducción de un 0,5% en la tasa por gestión, inspección y recaudación de ingresos por parte del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, y, como ha anunciado Fuentes, “se propondrá fuera de este Pleno que cuando se liquide el año se reparta parte de los beneficios de tal forma que un 25% vaya al ICHL, otro 25% a la Diputación de Córdoba y el 50% restante a los ayuntamientos en proporción a su carga tributaria”.
En cuanto a la ampliación de la protección social a los sectores más desfavorecidos, Fuentes ha insistido en que “no se corta el agua en situaciones de emergencia social, las cosas se están haciendo con prudencia, sensatez y sensibilidad social”. Del mismo modo, ha recordado que la cobertura social se ha ampliado ya que las bonificaciones sociales para las personas que no superen en 1,5 veces el IPREM beneficiarán a 760 familias en 2015 en el caso de Epremasa –en 2013 fueron 173- y beneficiaron en 2014 a 694 familias en el caso de Emproacsa –fueron 33 en 2013-.
Además, ha proseguido, “el Instituto Provincial de Bienestar Social cuenta con dos programas para ayudar a pagar recibos de luz y agua; llevamos 288.000 euros ejecutados para pagar recibos y 400.000 euros en el programa de Emergencia Social, además de otro programa de 150.000 euros más”.
La Diputación de Córdoba tiene aprobadas 23 tasas y precios públicos. Además de los cambios ya señalados, se modifica la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de dirección de obras dependientes de la institución y la tasa por autorizaciones y permisos para obras o servicios en las zonas de protección del dominio público viario. Del mismo modo, se aprueba una nueva ordenanza “por la utilización privatiza o los aprovechamientos especiales en el suelo, subsuelo o vuelo del dominio público viario a favor de empresas explotadoras o prestadoras de servicios de suministros”.
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