El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba el pasado 2 de octubre dos nuevas órdenes que regulan y convocan para 2014 los programas de orientación laboral de la Junta de Andalucía, que incluyen mejoras como una distribución más equitativa en todo el territorio de las unidades de orientación y avances en la atención a los colectivos sociales más vulnerables y con especiales dificultades de inserción laboral.
Las nuevas normas desarrollan los programas de Orientación Profesional, Itinerarios de Inserción y Acompañamiento a la Inserción del servicio Andaluz de Empleo, además de aprobar las bases reguladoras de las subvenciones, a lo que el SAE destinará durante 2014 y 2015 unos recursos financieros de más de 3 millones de euros en Córdoba, a pesar que el recorte en fondos destinados a orientación laboral , en comparación con el año 2011, se sitúa ya en un 85% desde que gobierna el PP.
El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito ha explicado que a lo largo de 2014-2015 la red contará con un total de 119 técnicos, “lo que significa que la Junta mantiene el empleo a pesar del recorte del Gobierno central para estas políticas”. El responsable territorial ha destacado que estos orientadores se repartirán en función de las necesidades de orientación, “63 técnicos para atención a desempleados en general, 33 para la atención del programa Emple@joven, 6 técnicos para la atención de personas demandantes en riesgo de exclusión y 14 técnicos para la orientación profesional y acompañamiento a la inserción de las personas con discapacidad, ya que se ha diversificado las unidades específicas dedicadas a la discapacidad en tres tipos: física y orgánica; intelectual y psíquica y sensorial”.
Expósito ha querido hacen hincapié en que los programas de orientación laboral de la Junta suponen el primer servicio básico para los demandantes de empleo que pretenden incorporarse al mercado laboral o bien mantener o mejorar su puesto de trabajo, “por eso la distribución por las distintas provincias se ha hecho en función del número de personas demandantes de empleo no ocupadas, inscritas como desempleados en el Servicio Andaluz de Empleo”.
La nueva normativa define, por un lado, nuevos criterios de valoración que garanticen una concurrencia competitiva de las solicitudes, y por otro, garantiza la implantación de unidades de orientación en todo el territorio de nuestra comunidad. De esta forma, los criterios de valoración por orden de ponderación, prioriza la implantación de unidades en aquellas zonas que, por presentar un déficit en los recursos de orientación profesional, se han considerado prioritarias, tal como se especifica en el anexo 1 de la orden y que establece 12 localidades prioritarias y 10 zonas con itinerancia.
El delegado de Economía ha informado que las localidades de la provincia priorizadas son: Baena, Cabra, La Carlota, Córdoba, Lucena, Montilla, Montoro, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba y Puente Genil.
Además, se valorará la experiencia en la gestión de los programas de orientación y/o acompañamiento a la inserción, el cumplimiento de los objetivos alcanzados en su última participación en el programa, su participación en el certamen de buenas prácticas, la experiencia en la gestión de otras políticas de empleo o el porcentaje de cofinanciación por parte de la entidad.
También se especifica que aquellas entidades que habiendo resultado beneficiarias en la convocatoria anterior, hubieran renunciado a la subvención concedida, o no hubieran iniciado la actividad, en al menos un 25% del total de unidades concedidas, en el plazo establecido en la correspondiente resolución de concesión, se les detraerá 30 puntos de la puntuación final.
La nueva normativa incluye también una mejora en la profesionalización de la orientación, al exigir a las entidades que resulten beneficiarias un determinado perfil de técnico de orientación, en el que se combinan su titulación académica, formación complementaria y experiencia profesional. Serán las entidades las que directamente contraten a las personas sin tener que pasar obligatoriamente por el SAE, que se reserva la competencia de validar el perfil. Esta norma también establece un incremento salarial, tanto para los técnicos de orientación, como para el personal de apoyo administrativo Además hay un acercamiento del servicio al ciudadano y al municipio de residencia del usuario, ya que la demarcación territorial no será el Área Territorial de Empleo (ATE), como en la convocatoria anterior, sino la oficina de empleo, descentralizando la gestión, con lo que se conseguirá una mayor agilidad en el servicio.
Para presentar las solicitudes a estas subvenciones, la orden establece un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente de su publicación.
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