El Consejo de Gobierno ha aprobado un plan para mitigar los efectos de los recortes del Ejecutivo central en materia de dependencia, avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida y reducir los tiempos de respuesta. La nueva estrategia, de carácter anual y con un presupuesto de 25 millones de euros, permitirá atender en Andalucía a más de 234.000 personas en situación de dependencia a finales de 2017, frente a las 183.000 a 31 de enero de este año.
El plan cuenta con tres bloques de medidas, referentes a agilización de procedimientos, ampliación de supuestos de excepcionalidad y mejora de la atención a las personas con dependencia moderada.
En el primero de estos ámbitos, el plan refuerza la colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, dado que los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema a través de los servicios sociales comunitarios.
El segundo de los bloques amplía y define los nuevos supuestos de excepcionalidad en el acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales. Se incorporan así los menores de 21 años en etapa escolar; las personas con enfermedad mental que permanecen con la familia, y aquellas con necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio o de centro de día resultan insuficientes y para las que la atención residencial se desaconseja por los servicios sociales comunitarios.
Finalmente, el plan avanza en la incorporación al sistema de las personas con dependencia moderada reconocida. De este modo, se reforzarán las medidas comprometidas en el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020, y se ampliará la utilización de la red de Centros de Participación Activa de la Junta.
Entre otras acciones, destaca el reconocimiento del Servicio de Teleasistencia Avanzada como la prestación principal, en lugar de complementaria como hasta ahora, para las personas con dependencia moderada. Esta ayuda permite la detección de situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos en el hogar; facilita la atención fuera del domicilio con elementos móviles y de localización; favorece la actuación de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, y tramita con mayor agilidad las citas médicas y consejos sanitarios a través de la integración en la plataforma de asistencia del 061 y Salud Responde.
Financiación
Los recortes de la Administración central en materia de dependencia han provocado que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012, a los que se suman otros 16 por el pago de la teleasistencia avanzada. Este dinero hubiese permitido la atención de 105.000 personas más.
En el conjunto de España, las restricciones han supuesto la pérdida de 2.800 millones de euros, así como la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras en el entorno familiar. Ello provoca grandes desequilibrios en las finanzas de las comunidades autónomas, obligadas a asumir la mayor parte del esfuerzo para evitar que el sistema de atención a la dependencia sea incapaz de cumplir los fines para los que fue creado en 2006.
El plan aprobado trata de contrarrestar los recortes llevados a cabo por el Ejecutivo central en los últimos años. Actualmente la Junta financia el 78% de la inversión total asociada a esta prestación, en contra del compromiso de cofinanciación al 50% que marca la Ley de Dependencia. En el presupuesto autonómico de 2017 se consignan 1.181 millones de euros, un 2,5% más que en 2016, para el desarrollo de esta norma, cantidad similar a la que el Gobierno destina para toda España (1.250 millones). El compromiso de la Administración andaluza es que el incremento continúe hasta alcanzar el 10% acumulado a lo largo de la legislatura.
La aportación económica de la Junta ha permitido garantizar la estabilidad de 45.500 empleos desde la implantación del sistema (18.000 de ellos correspondientes a la ayuda a domicilio). Durante los diez años de desarrollo de la Ley de Dependencia, la Junta ha invertido más de 10.000 millones de euros en la atención de 371.600 personas, que se han beneficiado de 488.300 prestaciones.
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