Andalucía se opone al nuevo reparto de subvenciones del Estado a cargo del IRPF ya que invade competencias en materia de servicios sociales de las comunidades autónomas

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La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha señalado en Madrid, al inicio de la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que la Junta de Andalucía se va a oponer al nuevo reparto de subvenciones del Estado a cargo del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), ya que «invade» competencias en materia de servicios sociales de las comunidades autónomas.

Sánchez Rubio ha explicado que el borrador de Real Decreto en el que está trabajando el Gobierno central en el que se establecen los aspectos centrales del régimen de las subvenciones destinadas a fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF a gestionar por las comunidades autónomas, se opta por un modelo de gestión mixto, con un tramo estatal y un tramo autonómico, pese a que las competencias son exclusivas de las comunidades. Por tanto, lo que propone el Ejecutivo es «sustancialmente contrario a lo que dice el Tribunal Constitucional».

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha denunciado también que «además, desconocemos los criterios de reparto para la asignación del IRPF de unos 400 millones, así como los créditos asignados a las comunidades autónomas». «Andalucía asiste a esta reunión con una actitud de colaboración, pese al planteamiento desleal por parte del Gobierno central, en pro de favorecer al Tercer Sector y defender sus derechos y su labor fundamental en el desarrollo de las políticas sociales», ha resaltado Sánchez Rubio.

Por otra parte, la consejera ha avanzado que en la reunión la Junta también reclamará al Gobierno central que reconozca la Teleasistencia Avanzada que reciben más de 28.200 personas en situación de dependencia en Andalucía.

Sánchez Rubio ha subrayado que el Gobierno de la Nación debe por este servicio a Andalucía «16 millones de euros, dos millones más cada mes que pasa. Lo más alarmante es que sí reconoce a nivel estadístico a estas más de 28.000 personas beneficiarias en Andalucía, pero no abona el dinero correspondiente».

Además de todas las prestaciones que ya ofrece el Servicio Andaluz de Teleasistencia (Atención directa y personalizada las 24 horas al día todos los días del año, respuesta inmediata ante situaciones de emergencia movilizando los recursos necesarios, aviso a familiares, conversación y compañía ante situaciones de soledad, información sobre prestaciones y servicios sociales, recuerdo de la realización de actividades concretas, citas médicas, etc.), la Teleasistencia Avanzada incluye, entre otras prestaciones, la detección de situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos capaces de detectar o prevenir las mismas.

A su vez, facilita la atención fuera del domicilio con la utilización de dispositivos móviles y de localización, la atención a las urgencias y emergencias sanitarias, las citas médicas y los consejos sanitarios a través de la integración entre la plataforma de Teleasistencia con la del 061 y Salud Responde, así como la realización de campañas, programas o actividades de prevención de la dependencia y de promoción de la autonomía personal, con el fin de lograr hábitos de vida saludable que promocionen el envejecimiento activo, la convivencia y el autocuidado.

La Junta de Andalucía está potenciando el reconocimiento del Servicio de Teleasistencia Avanzada como la prestación principal para las personas con dependencia moderada, en lugar de complementaria como era hasta ahora. Sánchez Rubio ha recordado que además de los más de 16 millones por la Teleasistencia Avanzada, el Gobierno central debe a Andalucía desde 2012 un total de 625 millones de euros tras la aprobación de los Presupuestos Generales de Estado de 2017 por parte del Consejo de Ministros.