Andalucía recibirá 12,8 millones de euros del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para la financiación de actuaciones del último año del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, cofinanciadas también por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y la Junta de Andalucía. Esta primera asignación supone el 18% del total territorializado en España, que asciende a 71,5 millones de euros.
Este reparto se ha conocido en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en Madrid, que ha contado con la participación de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras.
Asimismo, se ha conocido la aportación máxima que, previsiblemente, recibirá cada programa de Desarrollo Rural en el cuadro financiero en vigor, lo que se conoce como ‘techo’, correspondiente al ejercicio 2015 que, en el caso de la comunidad andaluza, asciende a 42,7 millones de euros de un total de 271,5 millones de euros.
Además, en esta Conferencia Sectorial se han abordado otros temas de interés, como el Programa de Inspecciones del control de la Calidad Comercial Alimentaria en España, que deben realizar los operadores alimentarios en origen, es decir, fabricantes, elaboradores, envasadores, almacenes y distribuidores mayoristas ubicados en el territorio nacional; y el Plan Nacional de control de la legalidad de la madera comercializada.
También se han conocido los avances realizados en el Grupo de Trabajo del Plan de Racionalización Normativa para la Garantía de la Unidad de Mercado de Agricultura y Desarrollo Rural. Sobre este asunto, Elena Víboras ha enfatizado que la Junta de Andalucía «ya se ha adelantado en este trabajo» y ha recordado que las medidas de simplificación adoptadas por el Gobierno autonómico han supuesto la reducción de 250 trámites burocráticos, con objetivo de facilitar una mayor agilidad en los procedimientos de las empresas y operadores económicos.
La consejera ha recordado, además, que la Junta de Andalucía tiene puesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado por considerar que esta norma estatal invade competencias propias de la comunidad autónoma.
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