Andalucía rechaza un registro específico para la atención sanitaria a personas inmigrantes que no tienen regularizada su residencia en la comunidad y que carecen de recursos económicos y aseguramiento, por considerarlo «discriminatorio y disuasorio».
El consejero de Salud, Aquilino Alonso, tras conocer el anuncio realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para la puesta en marcha de un registro en el que tendrán que figurar estas personas, ha expresado su disconformidad con esta medida, al considerar que este colectivo no debe estar sometido a más «discriminaciones o segregaciones» con una base de datos específica, sino que su información clínica debe ser tratada de igual forma a la del resto de la población española. En este sentido, ha recordado que el Gobierno andaluz sigue defendiendo «una sanidad pública universal, con el mismo acceso y los mismos derechos para toda la población», tal y como se viene prestando en la comunidad autónoma desde 1999.
«Sólo hay una sanidad pública posible, la universal, por lo que no admitiremos excepciones, discriminaciones o ambigüedades en los compromisos adquiridos, tal y como hemos reiterado en diferentes consejos interterritoriales; seguimos exigiendo la retirada del Real Decreto Ley de 2012, que excluye explícitamente a estas personas», ha zanjado el máximo titular de Salud en Andalucía.
La vía de entrada de la población inmigrante, al igual que ocurre con el resto de la población, suele ser la atención primaria, pero también puede ser puerta de entrada las urgencias de los centros asistenciales, por lo que desde la Junta de Andalucía nunca se admitirá reconocer el acceso de este colectivo únicamente a atención primaria. El acceso, considera la Administración sanitaria, debe ser al conjunto de la cartera de servicios sanitarios, como consultas de atención primaria, consultas de atención especializadas, urgencias, prestación farmacéutica, etc.
Para Aquilino Alonso, la creación de un registro único y específico puede, igualmente, disuadir a la población del uso de los recursos sanitarios por temor, especialmente teniendo en cuenta que muchas de estas personas tienen una situación irregular en el país.
Este rechazo se trasladará en la próxima reunión técnica de la comisión de prestaciones convocada para el día 2 de septiembre, en la que no estarán presentes los consejeros, sino el personal técnico de las diferentes administraciones sanitarias. Para Andalucía, la defensa de la universalidad es «una decisión solidaria y de salud pública que intenta proteger a la población más vulnerable y sin recursos», en palabras de Alonso.
Más de 110.000 personas atendidas en Andalucía
En Andalucía, la población inmigrante recibe un documento de reconocimiento temporal que se emite en los distritos de atención primaria y que garantiza el acceso al sistema sanitario público dentro de la comunidad autónoma. Este documento es fruto de diversos convenios suscritos con asociaciones y organizaciones no gubernamentales, al objeto de facilitarle a este colectivo su acceso al servicio sanitario con todos los derechos. Este documento hace posible la identificación de las personas inmigrantes y permite hacer un seguimiento de los servicios que se les presta y de su estado de salud.
El número de documentos temporales distribuidos entre la población inmigrante ha descendido, en los últimos años, en paralelo a la disminución de la población inmigrante en la comunidad. Desde que en 2012 entrara en vigor el Real Decreto del Gobierno que deja sin cobertura a las personas inmigrantes, Andalucía ha reconocido el derecho a la asistencia sanitaria a más de 110.000 personas inmigrantes que se hubieran quedado sin prestación sanitaria con la normativa estatal. Actualmente, son 27.000 los inmigrantes que tienen documento sanitario temporal.
La exclusión de la sanidad pública de la población inmigrante en situación administrativa irregular no es una medida de ahorro, ya que su frecuentación a los servicios sanitarios es baja. De hecho, las atenciones a la población inmigrante no regularizada supone una mínima parte del total de las asistencias sanitarias. La frecuentación de estas personas a los centros de salud sólo representa el 0,6% de las consultas totales, el 2,3% de la asistencia a urgencias y el 7% de los partos atendidos.
Andalucía seguirá, por tanto, atendiendo en las mismas condiciones a esta población, frente a las amenazas recibidas por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de multas por parte de la Unión Europea, cuyos responsables se han desmarcado públicamente de estas afirmaciones.
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