El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha defendido en el Pleno del Parlamento la regulación del sector del taxi como servicio público de transporte y ha rechazado la propuesta de liberalización planteadas por la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. López ha asegurado que “la pretendida liberalización del taxi que promueve esta Comisión no se puede realizar sobre las espaldas de los profesionales del sector ni sobre los que hacen uso de este transporte público”.
Felipe López ha anunciado la creación de una mesa de trabajo para abordar la actual situación del taxi en Andalucía y ha subrayado la importancia de la regularización de este ámbito profesional ante los recientes requerimientos previos de anulación que este organismo nacional ha remitido a los ayuntamientos de Córdoba y Málaga impugnando parte del articulado de sus ordenanzas del taxi, que actualmente se encuentran en proceso de adaptación al Reglamento andaluz que regula este ámbito de actividad profesional en la comuni-dad.
En su intervención, López ha explicado que el Reglamento andaluz del taxi, aprobado en 2012, recoge “todas las demandas de los actores implicados en el sector”, asegurando que “su tramitación administrativa fue escrupulosa, se sometió a información pública y se dio audiencia a todas las partes”. Asimismo, ha aclarado que dicha normativa “cuenta con el visto bueno del Gabinete Jurídico de la Junta y del Consejo Consultivo Andaluz, además de con el apoyo del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, que emitió su informe preceptivo correspondiente”. En ese sentido, el titular de Fomento y Vivienda ha reiterado que en el proceso de tramitación y aprobación del Reglamento se actuó con “criterios de participación, consenso y transparencia en la regulación de un sector que afecta a 10.000 profesionales de nuestra comunidad”.
El consejero Felipe López ha subrayado que el taxi no se puede considerar como una actividad privada pura, ya que tiene un carácter de “servicio público impropio” que legitima y obliga a la Administración a adoptar medidas que garanticen la cobertura del servicio las 24 horas de los 365 días del año con unos estándares de cantidad y calidad adecuados para las personas usuarias y los trabajadores.
López ha reiterado la necesidad de que continúe existiendo una regulación de esta actividad, apuntando que de lo contrario podría generarse “una merma en la calidad e incluso el abandono del servicio público en aquellas áreas geográficas y franjas temporales con menor demanda”. “No somos partidarios de dar entrada a grandes lobbys empresariales sin un marco regulatorio que defina las condiciones de acceso y ejercicio de la profesión”, ha añadido.
Por ello, el responsable de Fomento y Vivienda ha anunciado que se creará una mesa de trabajo entre la Consejería y el sector para ir analizando conjuntamente las vicisitudes que se vayan produciendo en relación a este conflicto. Al respecto, López ha concluido que la Junta de Andalucía estará atenta a lo que finalmente dictamine la Comisión Nacional de Mercados y a las demandas de los profesionales de esta actividad.
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