El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley por el que se reconoce a los funcionarios de la Administración autonómica los servicios previos como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna. Esta norma, que modifica artículos de la Ley 6/1985 de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, permitirá igualmente convocar las pruebas que han estado bloqueadas desde hace cuatro años y resolver los procedimientos de promoción interna realizados con anterioridad. La medida beneficiará a los funcionarios de carrera que, por esta situación, no han podido solicitar un destino más cercano a sus poblaciones de origen o acceder a mayores responsabilidades.
El decreto ley, que sigue la recomendación del Consejo Consultivo de Andalucía, supera la controversia suscitada ante las interpretaciones contrapuestas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la hora de baremar la antigüedad. En este sentido, el texto adecua la normativa autonómica a las directrices de la Unión Europea sobre igualdad de trato en los procesos de selección en el sector público, eliminando cualquier tipo de discriminación en la provisión de los puestos de trabajo.
La norma aprobada modifica el baremo del reglamento vigente desde 2002 de tal modo que, en el mérito del trabajo desarrollado, se otorgará a la experiencia desempeñada en puestos provisionales la misma puntuación que a la adquirida en los definitivos. Asimismo, simplifica la valoración de este mérito ciñéndola a la experiencia en el puesto desempeñado en el momento de la convocatoria.
Además de evitar una sanción de la Comisión Europea, estos cambios normativos permitirán la celebración y resolución de concursos de méritos que deben convocarse cada seis meses, tras más de cuatro años sin llevarse a cabo, así como los de los procedimientos de promoción interna convocados hace poco más de un año. En los últimos concursos de méritos convocados en 2011 se ofrecieron 8.312 vacantes y se adjudicaron 6.250 plazas, de las que 3.405 fueron ocupadas por funcionarios en puestos base.
Las medidas contenidas en el decreto ley han sido previamente acordadas con las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía.