El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha afirmado que la Ley de Seguridad Ciudadana que entró en vigor el pasado 1 de julio “refuerza los derechos y las libertades de los ciudadanos, a la vez que respeta la Constitución y se adapta a la realidad de la sociedad actual”.

Según Primo Jurado, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana “mejora el marco legislativo anterior y se ha elaborado basándose en la experiencia policial y en las nuevas circunstancias que afectan a la seguridad de todos”. Por ello, se han atendido las recomendaciones de los distintos órganos consultivos, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Agencia Española de Protección y de datos y Consejo de Estado, o de asociaciones como Greenpeace o Amnistía Internacional.

Además, defiende que la Ley no restringe el ejercicio de ningún derecho ni modifica en modo alguno la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión (Ley Orgánica 9/1983). En este sentido, afirma que “la ley protege expresamente el ejercicio del derecho a manifestarse y obliga a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de estos derechos fundamentales”, a lo que añade que la nueva Ley “da respuesta a las solicitudes que ciudadanos y colectivos sociales han planteado desde hace años sobre cuestiones que afectan a la vida cotidiana y, en general, a la pacífica convivencia en libertad, con el máximo respeto a la pluralidad, frente a actitudes incívicas, violentas, coactivas”.