La directora del IAM participa en unas jornadas formativas para promover las cláusulas de igualdad en la contratación pública

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La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Silvia Oñate, ha participado hoy en las jornadas ‘Cláusulas sociales y de igualdad de género en la contratación pública’, organizadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública con el fin de promover el uso de cláusulas de igualdad en la contratación pública y generar empleo de calidad. Las iniciativa formará a 100 profesionales de la Junta que desempeñan trabajos relacionados con la contratación administrativa.

La formación responde a la importancia de la contratación pública como herramienta para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como para crear empleo para sectores de población en riesgo o en situación de exclusión social. Para ello, es necesario que los profesionales de las administraciones puedan profundizar en la incorporación de cláusulas sociales y de igualdad en los pliegos administrativos que rigen la contratación pública por la repercusión que ello genera, de forma que cumplan dicha finalidad en las distintas fases del contrato: acreditación de la solvencia de las empresas, adjudicación y ejecución.

Según ha explicado la directora del IAM, la Junta de Andalucía ya trabaja en ese marco, ya que ha constituido diversos grupos de trabajo especializados, coordinados e impulsados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que estudian las vías que ofrecen la legislación comunitaria y española para  integrar criterios medioambientales, sociales y de igualdad en la contratación pública. El resultado de dicho trabajo se plasmará en una guía de contratación del sector público andaluz, que ampliará el contenido de la publicada el año pasado desde el IAM para la inclusión de cláusulas de igualdad en contratos, subvenciones y convenios públicos. 

Junto a ello, el Gobierno andaluz cuenta con unidades de igualdad en todas sus consejerías, que, coordinadas por el IAM, hacen cumplir el principio de igualdad en los presupuestos, planes y normativas que se aprueban.
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