La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto ocho procedimientos sancionadores a sendas entidades financieras por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de sus viviendas protegidas en la comunidad autónoma. Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a 11,1 millones de euros.
El motivo de apertura de los expedientes es no haber ofrecido viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes, obligación establecida por el artículo 20m de la Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda. “Los inmuebles protegidos, construidos con dinero público, deben prestar una función social”, ha afirmado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en el Parlamento.
Las entidades financieras expedientadas son Banco Popular (97 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros correspondientes), BBVA (27), Building Center (26), Unión de Créditos Inmobiliarios (13), Banco Santander (11), Servihabitat (6), Banco Sabadell (3) y Anida Operaciones Singulares (2).
En total, se trata de 185 viviendas protegidas que no han sido ofrecidas a los registros municipales, que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
Viviendas por provincias
Por provincias, hay 43 viviendas en Sevilla, 30 en Cádiz, 22 en Almería, 22 en Córdoba, 20 en Granada, 17 en Jaén, 17 en Málaga y 14 en Huelva.
Cada inmueble protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una infracción muy grave. La Consejería, que a través de sus delegaciones territoriales ha detectado e informado de dichos incumplimientos, ha notificado los expedientes a las entidades con una sanción de 60.000 euros por vivienda.
Cortés, que ha dado cuenta de estos expedientes en la Comisión de Fomento y Vivienda, ha puntualizado que estas 185 VPO “no son las únicas” sin asignar a los registros municipales, sino aquellas que la Consejería ha acreditado a partir de la propia información remitida por las propias entidades financieras tras la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda. “Todos los inmuebles protegidos deben estar a disposición de los registros municipales de vivienda para ser asignados a familias que las necesitan”, ha señalado la consejera.
La Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no fue impugnada por el Gobierno central en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener casas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente su uso para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas continúan plenamente vigentes.
Procedimientos contra la Sareb
Por otra parte, la consejera ha informado de los dos procedimientos abiertos contra la Sareb por incumplimiento de la función social de sus viviendas protegidas en Andalucía. Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a un máximo de 109,44 millones de euros. La primera sanción a la que se expone la Sareb, por infracción muy grave, responde al supuesto incumplimiento de la disposición adicional séptima de la Ley de Vivienda Protegida (introducida en su actual redacción por la Ley Antidesahucios), que establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la administración pública inventario de las VPO que se encuentren en sus balances. Esta sanción puede alcanzar los 120.000 euros.
La Sareb ha presentado alegaciones en este expediente, ha señalado Cortés. La Consejería de Fomento y Vivienda considera que las mismas no desvirtúan los hechos que dieron lugar a la apertura de los expedientes, y por lo tanto estos continúan su curso, ha señalado Cortés.
La segunda sanción a la que se expone la Sareb, por 911 infracciones muy graves, responde a la supuesta vulneración del artículo 20m de la Ley de VPO. Esta sanción puede alcanzar los 109,32 millones de euros, siempre y cuando quede acreditado, tras el requerimiento de información enviado por la Consejería a la Sareb, que esas 911 viviendas no han sido puestas a disposición de los registros. La Sareb no ha respondido a dicho requerimiento, por lo que el procedimiento continúa su curso.
Cortés ha destacado que la presidenta de la Sareb, Belén Romana, sí ha hecho manifestaciones públicas, concretamente en sede parlamentaria, sobre este procedimiento, en el sentido de que la entidad ha solicitado información a los registradores de la propiedad para saber cuántas viviendas protegidas tienen en sus balances. La consejera ha señalado que ello en la práctica equivale a “decir que desconoce cuántas viviendas protegidas tiene la Sareb, y ello a pesar de que un informe de la propia Sareb incorporado al recurso del Gobierno contra la Ley antidesahucios aseguraba que contaba con 911 casas protegidas en Andalucía”. “O los datos en el informe eran falsos o son falsos los argumentos que exponen ahora. O ambas cosas”, ha dicho Cortés, que ha recordado que no ofrecer un inmueble protegido al registro de demandantes constituye una infracción muy grave, como también lo es ocultar dichos pisos a la administración competente por Ley de velar por su función social.
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