POLÍTICA. El ayuntamiento de Cabra ha mostrado su satisfacción con los resultados recogidos en el informe de fiscalización de la actividad económico-financiera de la Cuenta General del ejercicio 2016 llevado a cabo por la Cámara de Cuentas de Andalucía, en la que no se refleja ningún indicio de responsabilidad contable en su fiscalización. No obstante, el equipo de gobierno tendrá en cuenta todas las incidencias y recomendaciones reflejadas en el informe para la mejora de la gestión económica.

Con respecto a la auditoría financiera, el informe señala que la liquidación presupuestaria correspondiente a gastos de personal, gastos en bienes corrientes y servicios, gastos financieros, gastos en inversiones reales y endeudamiento, así como el Remanente de Tesorería, correspondiente a dicho ejercicio se han preparado en todos los aspectos significativos de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Del informe también se desprende un capítulo donde se incida que “comparativamente con los 53 Ayuntamientos andaluces que conforman el tramo poblacional 20.000-50.000 habitantes, Cabra se sitúa en el puesto séptimo de entre los que poseen un menor volumen de deuda viva”, destacando así mismo que en el año 2014 el gobierno municipal refinanciara la deuda contraída por el Ayuntamiento “para la financiación del Plan de Pagos a Proveedores, que supuso una reducción de los costes financieros con un ahorro previsto de 140.362,30€”.

En referencia a la estabilidad presupuestaria y al cumplimiento de la regla del gasto, la Cámara de Cuentas refleja que “el Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y la Fundación Cultural Valera liquidan su presupuesto consolidado ajustándose al principio de estabilidad presupuestaria”. Cabe subrayar además que, si bien el informe refleja que el Remanente de Tesorería (cifrado en 2016 en 2.165.518,97€) podría verse minorado, la Cámara de Cuentas agrega que ello es debido a que el Ayuntamiento ha reconocido unos derechos pendientes de pago por el Teatro “El Jardinito” que corresponden a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Córdoba.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el consistorio egabrense, ya que dicho informe, referido al año 2016, indica que cerca de una treintena de trabajadores laborales, con una media de antigüedad de entre cinco y treinta años, se encuentran en una situación reconocida de “fraude de ley” y que su regulación no había tenido lugar hasta la fecha de emisión del informe, cuando el actual gobierno egabrense ya llevaba cinco años en el cargo, uno de ellos gobernando en solitario. En el informe se señala que “la plantilla presupuestaria del consistorio egabrense consta de 114 plazas, que difiere de los efectivos reales, que ascienden a 133”.

Según el informe, a esta situación se ha llegado “por la concatenación de contratos o bien por la continuación de su relación laboral sin la prórroga expresa de sus contratos laborales” y señala además que “la incorporación de este personal en su momento al ayuntamiento no respetó los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”. Ante este informe, el actual gobierno local ha señalado que esta situación se debe “a una red clientelar” tejida por los gobiernos anteriores y a “la mala gestión heredada” a su llegada al gobierno local.