CSIF Andalucía rechaza el Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, por la precarización laboral y la bajada en la calidad del servicio que recibirán los escolares en los centros de toda la comunidad.
En este sentido, en un escrito remitido a todos los grupos parlamentarios, el sindicato señala que la calidad de los servicios prestados en el sector educativo siempre se ha basado en la profesionalización de los empleados públicos que realizan sus funciones en los centros propios y que, con este Decreto Ley, las empresas concesionarias crearán puestos de trabajo más precarios, a pesar de exigirles una titulación universitaria a cambio de un salario irrisorio (no más de 6€ bruto/hora), quedando el resto de la subvención en manos de la empresa que siempre perseguirá con carácter preferencial su beneficio, lo que suele repercutir claramente en la calidad de los servicios.
De igual modo, CSIF-A critica que el Decreto Ley recoja funciones del personal laboral de la Agencia Pública de Educación algunas basadas en el ejercicio de potestades administrativas para las que son imprescindibles la presencia de personal funcionario para el desarrollo de dicha potestad subvencionadora, así como la tramitación, análisis y las relativas a la resolución o tramitación de procedimientos de reintegro. Para CSIF esta situación es una quiebra legal al incumplir el artículo 103.3 C.E., que garantiza la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones por los empleados públicos, y del artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), donde se establece la reserva funcional al personal funcionario, del ejercicio de determinadas potestades públicas.
CSIF-A añade que se está encomendando el ejercicio de potestades administrativas para unas tareas que exceden del contenido legal que el personal propio de la Agencia puede tener, dado que la Ley señala que las Sociedades Mercantiles en ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública.
Por ello, solicita la creación de una Unidad Administrativa en la Consejería de Educación que tenga su adscripción funcionarial a la Agencia, y sería necesario llevar a cabo una verdadera dotación de los puestos de su RPT, así como un verdadero debate en profundidad entre administraciones y agentes sociales sobre los efectos del Decreto Ley.
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